La sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en la televisión pública de Melilla (TVM) ha presentado en el Juzgado de lo Social una denuncia contra los tres integrantes de la Comisión Paritaria de Vigilancia, Estudio e Interpretación del Convenio Colectivo de INMUSA (CIVE): su presidente, Mohamed Mohand (PSOE), su vicepresidenta, Hayda Ramos (Cs) y también contra el abogado Mohamed Bussian, hermano del cepemista Rachid Bussian, por una presunta vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores, al no querer reconocer la empresa los derechos de la sección sindical de CCOO en la televisión pública. El acto de conciliación está previsto que se celebre mañana martes.
En teoría, el gerente Yeray Díaz debió informar a los miembros de la CIVE que un representante de esta sección tenía derecho a participar (y así lo solicitó) en la reunión que mantuvo este órgano el pasado 25 de junio. Sin embargo, éste no fue convocado vulnerándose de esta forma los derechos que le otorga el Convenio Colectivo de la empresa.
Lo que está en juego no es un laberinto jurídico para reivindicar derechos sindicales sino otros temas como la aprobación de cambios importantes en los estatutos de la televisión pública. En ese punto, entra, por ejemplo, la modificación que da luz verde a la posibilidad de privatizar toda la producción de RTVM, excepto los informativos. Para que se entienda, no se trata, como ocurrió en la etapa de Javier Lence al frente del Consejo de Administración de Inmusa, de comprar proyectos puntuales e incorporarlos a la parrilla de la tele Melilla sino de externalizar toda la producción del ente, a excepción de los informativos.
Pero también están en juego, por ejemplo, la sustitución de al menos siete bajas de trabajadores sin cubrir. Los denunciantes temen que imperen las formas que han llevado a supuestamente cubrir un puesto de ordenanza con una persona que iba en el número 22 de las listas del PSOE. A día de hoy, la sección sindical de CCOO desconoce (pese a tener una pregunta registrada por escrito al respecto) cómo se ha hecho esa contratación, a qué criterios obedece y por qué no ha pasado por CIVE.
¿Para qué sirve estar en la CIVE?
¿Para qué quiere la sección sindical de CCOO estar en la CIVE si no tiene derecho a voto? Para estar informada y tener constancia de qué están votando los representantes de los trabajadores. Sólo así podría, llegado el momento, presentar una moción de censura en caso de entender que estos delegados de personal no están defendiendo los derechos legítimos de la plantilla.
No es el primer Consejo de Administración de Inmusa que recibe una denuncia sindical. Ya ocurrió en tiempos de Javier Lence, que no se tomó al principio en serio las solicitudes de información que recibía de parte de los sindicatos. En cuanto le llegó la primera denuncia de Inspección de Trabajo, Lence hizo gala de sus dotes para alcanzar el consenso y a partir de ese momento reinó, si no el entendimiento total, al menos sí tener siempre abiertas las vías de negociación y de cumplimento del Convenio Colectivo.
Ahora, con Yeray Díaz, las cosas han cambiado y fuentes sindicales hablan, incluso, de autoritarismo. Sin embargo, la denuncia no va contra él sino contra quienes están por encima de él.
Inspección de trabajo
La primera de las denuncias ha sido ante la Inspección de Trabajo por supuestos traslados de trabajadores del ente público sin comunicación previa ni negociación y sin presuntamente respetar las categorías profesionales ni los horarios, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso El Faro. “Yeray Díaz (el gerente de la tele, en representación del PSOE) no entiende que aquí los cámaras graban, los montadores montan y los redactores informan. Él se piensa que está en el banco donde trabajaba”, aseguran fuentes sindicales.
CCOO teme que estas no sean las últimas denuncias que se hagan. El sindicato se plantea también impugnar el cambio de estatutos de la sociedad ya que los actuales gestores se han saltado el trámite legal (obligatorio) de llevar a la CIVE, y someter a votación, los cambios introducidos.
Entre ellos, destaca sobremanera, el punto IV en donde, según entiende el sindicato, se abre la puerta a una futura privatización de parte de la tele: “Lo dispuesto en el apartado anterior no excluye la posibilidad de que Radiotelevisión Melilla, SAU pueda externalizar la producción y edición de contenidos, así como la provisión de medios materiales, técnicos y humanos que requiera la prestación del servicio, respetando en todo caso los límites que a tal efecto se establezcan en la legislación básica estatal, y en ningún caso pudiendo externalizarse los servicios de informativos”.
