El coordinador general de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), Diego Boza, aseguró a El Faro que el 24J es “un buen ejemplo de la falta de atención que se da a las víctimas de la frontera o que desaparecen al intentar entrar en España”, bien por vía marítima (a Canarias, al sur peninsular o al Levante) o bien por vía terrestre a las ciudades autónomas.
Además, según Boza, el 24J demuestra la falta de información que se da en estos casos, lo que lleva a que haya, por ejemplo, varias versiones sobre el número de fallecidos y no se sepa a ciencia cierta cuántas personas murieron ni quiénes son, ya que “Marruecos las ha enterrado para evitar investigaciones y la posibilidad de saber qué es lo que ocurrió”.
Por otra parte, el dirigente de Apdha señala el informe de Lighthouse y el documental de la BBC para probar, por una parte, “la entrada de autoridades marroquíes a territorio español sin que haya un protocolo que pueda justificar esa intervención” y para remarcar, por la otra, las versiones que hablan de “un fallecido en territorio español que es llevado por las fuerzas marroquíes a su país” y que la Apdha entiende que “es uno de los que se ha enterrado rápidamente en Marruecos”.
“Esto es un ejemplo claro de cómo las vidas de las personas que migran, especialmente si son africanas, son despreciadas por las autoridades”, indicó al respecto, antes de recordar que también hay muchos familiares tratando de averiguar, sin obtener respuesta, qué ocurrió en “la actuación policial de la que han derivado más muertes en la frontera de España”.
Tal como recoge el informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2023, Boza cree que la Unión Europea “ha vendido sus fronteras al control externo de la inmigración por parte de otros países”. Según el coordinador general de Apdha, España fue “pionera” en ello “desde el Plan África de 2005-2006, cuando empezó a subcontratar a otros países como Mauritania, Senegal y Marruecos para que realicen el control migratorio”, que les cede. Posteriormente, lo han hecho otros países, ha recordado, como Italia con Libia o Grecia con Turquía.
En el caso de Marruecos, en opinión de Boza, esa externalización del control tiene “un elemento peligroso” como es el hecho de que ese país “no es un socio fiable”, como prueba la “utilización de la política de fronteras en 2021” con el Tarajal. Según el experto, “cederle la política de control de fronteras a Marruecos puede generar riesgo”. “Sin embargo, es una línea en la que se está insistiendo y profundizando en los últimos años, con planes y programas financiados por el Estado español y la UE que lo que hacen es potenciar el papel de Marruecos en el control y reducir la intervención española, porque, de esta forma, los estándares de cumplimiento de derechos humanos son más bajos”, explica al respecto.
Para Boza, el 24J fue “la mayor masacre que se ha producido en una frontera”, con el agravante de que ni siquiera se ha producido “una investigación adecuada”. Algo que aclara, por otra parte, que, a falta de ver si alguna familia pedirá una apertura del caso o surgirá algún otro procedimiento, no tiene visos de que se vaya a producir.
