El portavoz de Defensa del Grupo Popular en el Congreso, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, ha señalado hoy en su intervención durante el debate de la proposición de Ley Orgánica de delimitación de la justicia militar, que “las Fuerzas Armadas tienen muchas necesidades, entre las que se incluyen la actualización de sus retribuciones, las posibilidades de conciliación, las salidas profesionales a los vigentes regímenes de suscripción de compromisos, especialmente los de larga duración, la movilidad geográfica y algunas otras, pero ninguna es eliminar la jurisdicción militar especializada”.
En este sentido, el diputado del PP por Melilla en el Congreso subraya que la jurisdicción militar especializada “es asumida como necesaria, tanto en España como en todos los países de nuestro entorno que acogen modelos de Defensa Nacional semejantes al nuestro”.
De esta forma, ha reclamado a la izquierda que se centre “en los problemas reales que existen y no generen problemas que no se conciben como tales, sino más bien al contrario, dejando con ello aparcada la necesaria búsqueda de soluciones a los muchos problemas reales que tiene el Ejercito”.
Para Díaz de Otazu, “la jurisdicción militar no es un fuero privilegiado de los militares, sino una herramienta de la que dispone el Estado de Derecho para atender debidamente los principios de unidad, jerarquía y disciplina aplicables a unos servidores públicos que han decidido limitar el ejercicio de algunos de sus derechos y libertades en beneficio de la sociedad”.
También ha señalado que la jurisdicción militar está recogida en la Constitución y está “intrínsecamente vinculada al Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, sin el cual la eficacia de las Fuerzas Armadas se vería seriamente comprometida y con ello la de la Defensa Nacional”.
El diputado del PP de Melilla en el Congreso denuncia que ERC ha copiado en su exposición de motivos el texto de Luis Gonzalo Segura del Oro Pulido, un antiguo Teniente del Ejercito de Tierra expulsado del mismo por contravenir reiteradamente la legislación disciplinaria militar, expulsado en un procedimiento judicial que culminó, como todos en España, en el Tribunal Supremo.
Además, ha acusado a los independentistas de poner en cuestión “la honestidad de las Fuerzas Armadas a base de afirmaciones falsas, insultantes y carentes de todo fundamento”.
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