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El perímetro fronterizo es constantemente objeto de críticas por parte de asociaciones en defensa de los derechos humanos
El hecho de que Melilla sea una ciudad fronteriza y esté rodeada por una valla para poner freno a la inmigración irregular sitúa a esta población en el foco de la prensa nacional e internacional. El perímetro fronterizo es constantemente objeto de críticas por parte de asociaciones en defensa de los derechos humanos. Es el caso de la Caravana ‘Abriendo Fronteras’, formada por varios centenares de personas que llegaron ayer de la península con el objetivo de denunciar las políticas migratorias que aplican España y los demás Estados miembros de la Unión Europea.
Los portavoces de este colectivo proclamaron su intención de “visibilizar la sistemática violación de los derechos humanos en la Frontera Sur”, una afirmación que ya era conocida antes de su llegada y que ayer tuvo su respuesta por parte del presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda. El jefe del Gobierno local afirmó en declaraciones a los medios: “Que nadie venga a decir que se cumpla con los derechos humanos. Es una obviedad”. Imbroda rechazaba así que en la frontera de Melilla no se respeten los derechos fundamentales de los inmigrantes que intentan acceder a la ciudad.
En el problema de los flujos migratorios, las posiciones están muy contrapuestas. Sin embargo, como en todo, nadie tiene la razón absoluta. A nadie le gusta que Melilla esté rodeada por una valla desde hace casi dos décadas, pero también hay que recordar que sin esa barrera la presión migratoria sería imposible de controlar.
Imbroda animó a los integrantes de ‘Abriendo Fronteras’ a acudir a países “al sur” de Melilla para prestar ayuda en las soluciones al problema de la inmigración irregular. Sin duda, la ayuda de las ONG en esos países es necesaria. Como también lo es la implicación de los países occidentales en prestar a los del África subsahariana ayuda al desarrollo. Si se cumple ese objetivo, llegará la hora en que la valla no tenga sentido. Pero, para lograr esa meta, tanto gobiernos como asociaciones de derechos humanos han de mantener un diálogo permanente.
