Celebramos nuevamente en este día 10 de diciembre el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, su setenta y dos aniversario. “La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III), como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero”. (https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/).
Y celebramos esta efemérides en medio de una pandemia mundial, que pone a prueba nuestras Instituciones.
Pone inicialmente a prueba nuestro Sistema Público de Salud, atacado por representantes públicos que anteponen el negocio privado sanitario al interés público, y dejan en cuadro el personal y los medios materiales, que deben atender la salud de la población.
También pone a prueba la cohesión social, el compromiso de una ciudadanía que, ante una desgracia de esta gravedad y magnitud, debería seguir recomendaciones y órdenes de unas Autoridades sanitarias, especializadas y competentes para dar soluciones a esta desgracia.
Y pone a prueba las relaciones entre representantes públicos, que deberían hacer abstracción de la ideología o adscripción partidista; y buscar el interés común antes que el negocio, la imagen, o las ansias de mantener o recuperar el poder político.
Esta pandemia nos ataca a todos pero, como ocurre con todas las desgracias, ataca con más intensidad a pobres, mayores, discapacitados; y de entre estos a migrantes, refugiados, para los cuales la vida ya era lo suficientemente difícil en un mundo que se desmorona.
La excitación que produce en algunos estas tensiones parece que altera conciencias, y en pasados días nos vemos sorprendidos y escandalizados por ex funcionarios militares que en privado, aunque se hace público, proponen un genocidio, con fusilamientos masivos, para solucionar los problemas de España, tal y como ellos la conciben.
Que estos hayan servido en las más altas instancias de la Defensa Nacional, deja bien a las claras los riesgos de nuestra Democracia, y que la existencia de unos derechos fundamentales en las leyes, no garantiza que los primeros en cumplirlos y hacerlos cumplir los respeten.
Afortunadamente, en Democracia las opiniones del más importante tienen el mismo valor que las del que es menos.
Las libertades públicas y los derechos fundamentales, en concreto la libertad de conciencia y libertad de expresión, no amparan el crimen. Y no resultan más aceptables estas formas de criminalidad por venir de reservistas o de yihadistas. Porque nadie entiende que un grupo de yihadistas, en comunicaciones privadas de una red social, puedan expresar impunemente su deseo de matar personas.
Todas estas experiencias hacen recapacitar y concluir lo difícil que resulta la existencia de un sistema democrático, basado en los Derechos Humanos, gestionado por hombres formados en los antivalores de la Dictadura franquista y enemigos de la Libertad.
