Sofía Haro tiene una vivienda en la última planta de un edificio en el Paseo Marítimo. En el año 2007 decidió utilizar la parte de arriba de su casa, donde está ubicada la azotea, para construir un ático donde instalaría tres habitaciones para sus tres hijas y asegura que incluso pidió una licencia de obra para acometer las actuaciones. En la actualidad, tras años de denuncias de su propia comunidad de vecinos, que fueron retiradas, y un largo procedimiento administrativo puesto en marcha porque la obra es ilegal, la construcción va a ser derribada.
Según afirma Haro, cree que está sufriendo un agravio comparativo con otros melillenses que se encuentran en una situación similar. Asegura que el derribo de parte de su vivienda es el primero que se hace en la ciudad pese a que no sea el único caso. “Si es ilegal, hay muchas demandas antes de la mía y nunca se ha hecho nada”, sostiene esta melillense, quien hace especial hincapié en que “se sabe perfectamente que en Melilla hay barrios enteros construidos de forma ilegal”.
La inquilina cuenta que en el año 2008 la misma comunidad de vecinos denunció a la familia por haber construido el ático, pero que en una reunión de propietarios votaron a favor de retirar las demandas. No obstante, Haro asegura que en la misma promoción de viviendas hay otros vecinos que han edificado elementos similares y que aún no se han derruido, algunos de ellos porque los procedimientos administrativos han prescrito. También afirma que la licencia de obra se la dieron a su nombre cuando el propietario es en realidad su marido.
La afectada sostiene que pese a la retirada de las denuncias, continuó el procedimiento administrativo y que llegó incluso a ser sancionada con una multa de 33.000 euros, que fue abonada en el año 2011. Según afirma, en otros casos similares, el pago de las sanciones ha hecho que se paralizara el trámite, algo que no ha ocurrido con su caso.
Hace un mes, recibió una notificación del juzgado en la que se autorizaba a la Administración local a entrar en la vivienda para comenzar los trabajos de demolición, si bien Haro afirma que ha recibido otras similares y nunca se había llevado a cabo. “Habían llegado muchas cartas anteriores y nunca habían venido”, lamenta la inquilina.
El pasado lunes, estando fuera de Melilla pasando sus vacaciones, la familia recibió una llamada telefónica de la Consejería de Fomento en la que les informaban de que tenían una orden judicial y que iban a entrar en su vivienda para derribar el ático ilegal. Según Haro, el martes llegaron a su casa una decena de personas entre agentes de Policía, un cerrajero y personal de la constructora encargada de los trabajos, entre otros. Afirma que no se les negó la entrada en ningún momento. En cualquier caso, la inquilina denuncia que no ha tenido una notificación oficial por parte de Fomento de que iban a comenzar con la demolición de su ático, sólo una llamada telefónica.
La familia tuvo que empezar deprisa a desmontar las habitaciones para que los trabajadores encargados del derribo pudieran comenzar con el mismo, lo que les ha provocado que su piso, que tiene 60 metros cuadrados y muy poco espacio, tenga que albergar ahora las tres habitaciones con las que contaba la edificación del ático. La afectada calcula que el próximo lunes ya no quedará nada del mismo.
Al sufrimiento de la familia, según explica Haro, se le añade que tienen que pagar entre 35.000 y 40.000 euros por los gastos de demolición, una cantidad que les va a ser difícil de abonar, puesto que tuvieron que hipotecar su casa para poder hacer frente a la primera sanción. Haro reconoce que son conscientes de que su ático es ilegal, pero nunca pudieron imaginar que la situación iba a llegar a este punto “porque no es la primera vivienda ilegal”.
Aunque ya se ha hecho a la idea de que finalmente van a derrumbar su construcción, la familia espera que haya una solución. “Si hay alguien del ayuntamiento que comprenda lo que está pasando, que paralice esto, si hay alguien que tiene moral. Pienso que todos somos iguales ante la ley”, concluye Haro.
