La escena grabada en la Residencia Marroquí y difundida ayer a través de Internet pone los pelos de punta. Se observa a un adulto, que supuestamente es un docente, agredir a un niño, al parecer, un alumno. Los golpes se prolongan a lo largo de interminables segundos. No da la impresión de que la agresión sea producto de un arrebato, igualmente reprobable, pero al que quizás se le pudiera encontrar alguna explicación. En las imágenes se observa una larga serie de golpes que se asemejan más al ensañamiento que a un acto irrefrenable.
El autor de esta acción tendrá que responder ante la Justicia. Con independencia de cómo contemple el código penal marroquí ese tipo de acciones, en nuestro país su comportamiento lleva acarreada una serie de consecuencias tanto en el ámbito judicial como laboral. Los derechos que asisten a un menor marroquí en nuestro país son los mismos que los de los niños españoles, al margen de la institución en la que estudien y del Estado del que dependa ésta. El Gobierno de la ciudad ya ha anunciado que se personará en la causa que se abra contra el profesor. Es de esperar que las autoridades del país vecino sigan esta misma línea porque individuos que son capaces de protagonizar este tipo de actos no deben pisar ninguna aula ni tener bajo su tutela a ningún niño marroquí ni de ninguna otra nacionalidad.
En este caso, los supuestamente vulnerados derechos son independientes de la nacionalidad de la víctima. También debería ser así con los trabajadores transfronterizos, que comparten obligaciones con los españoles y, sin embargo, se ven injustamente tratados por nuestra Administración. En ambos casos, se trata de una batalla por hacer Justicia.
