Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han denunciado públicamente que tanto la Consejería de Bienestar Social como la empresa adjudicataria Salzillo están incumpliendo los acuerdos económicos pactados con los trabajadores del centro asistencial Gámez Morón, generando un creciente malestar entre la plantilla afectada. Según señalaron en una nota de prensa conjunta, han transcurrido ya dos meses desde que Salzillo asumiera el servicio sin que haya aplicado las actualizaciones salariales acordadas con los trabajadores, lo que ha derivado en una situación que consideran insostenible.
El conflicto se remonta al momento en que la Consejería decidió dividir en varios lotes la contratación del servicio del centro, una medida que fue cuestionada desde el principio por las organizaciones sindicales. Según explican, la fragmentación del pliego de contratación nunca fue justificada por la administración y derivó en múltiples problemas operativos, entre ellos que uno de los lotes quedara desierto en repetidas ocasiones, lo que ya ponía de manifiesto, según los sindicatos, el fallo del planteamiento.
Pese a ello, antes del cambio de adjudicataria, el comité de empresa del Gámez Morón logró alcanzar un acuerdo económico con la entonces concesionaria Eulen, que contemplaba una revisión salarial conforme al último convenio colectivo. Dicho acuerdo fue ratificado por Salzillo antes de iniciar sus actividades, lo que supuso una garantía para los trabajadores. Sin embargo, con la empresa ya en funcionamiento, se ha producido un incumplimiento evidente: una parte del personal sí ha recibido las mejoras pactadas, mientras otra continúa cobrando con las tablas salariales de 2023.
A esto se suma que las compensaciones pendientes a cargo de Eulen correspondientes al año 2024 no han sido abonadas en su totalidad, lo que agrava la situación financiera de muchas familias dependientes de estos sueldos.
Desde las organizaciones sindicales aseguran que han mantenido contacto constante tanto con la empresa como con la Consejería para intentar esclarecer la raíz del problema. Según lo trasladado por Salzillo, la clave estaría en una discordancia entre los fondos asignados para cubrir los salarios y las cifras que figuran en el convenio colectivo. La empresa ha manifestado reiteradamente su intención de enviar un escrito a la Consejería solicitando una revisión del presupuesto, pero hasta la fecha no se ha producido una respuesta formal ni se ha recibido dicho documento en la administración.
Los sindicatos insisten en que la Consejería conocía de antemano las actualizaciones salariales previstas, pues así se les informó durante las reuniones previas a la adjudicación. De hecho, aseguran que la propia administración se comprometió a incorporar esas mejoras dentro del presupuesto de contratación, pero según Salzillo, dicho ajuste no se reflejó finalmente, afectando directamente a decenas de trabajadores del centro asistencial.
A pesar de los intentos de mediación por parte del equipo directivo del centro Gámez Morón, que ha mostrado su apoyo a los trabajadores, los esfuerzos no han logrado revertir la situación. Por ello, las organizaciones sindicales advierten que, si no hay avances en las próximas semanas, retomarán la convocatoria de huelga que ya estuvo sobre la mesa antes del acuerdo con Eulen.
Desde las tres centrales sindicales exigen que se regularicen las nóminas y que tanto Salzillo como la Consejería asuman sus responsabilidades. Consideran inadmisible que una situación tan crítica se prolongue en el tiempo, más aún tratándose de un centro asistencial con un marcado carácter social.
En conclusión, los sindicatos han reiterado su voluntad de seguir luchando por los derechos laborales de los empleados del Gámez Morón y aseguran que no cesarán en su presión hasta que todos los trabajadores afectados perciban los salarios que les corresponden conforme al convenio vigente. También han hecho un llamamiento a la ciudadanía melillense para que apoye sus reivindicaciones y se solidarice con quienes cuidan a los sectores más vulnerables de la ciudad.
