-
CSIF celebra hoy una concentración, a las 12:00 horas, frente a Delegación, para pedir la equiparación salarial
Desempeñan las mismas labores pero en sus nóminas hay diferencias de hasta 600 euros dependiendo de la comunidad en la que trabajen. Esta es una de las denuncias que lanza CSIF, que hoy miércoles ha convocado una concentración, a las 12:00 horas, frente a la Delegación del Gobierno, para reivindicar la equiparación salarial del personal de los territorios en los que las competencias de Justicia no han sido transferidas y son gestionadas por el ministerio, como es el caso de Melilla y Ceuta, con el de los funcionarios de las comunidades autónomas en las que sí ha habido traspaso.
El presidente del sector autónomico de Justicia de CSIF Melilla, Juan Manuel Domene, concretó a El Faro que los juzgados melillenses cuentan con entre 165/168 trabajadores. Si no se tiene en cuenta el plus de residencia que se percibe en nuestra población, las diferencias pueden alcanzar la citada cantidad de 600 euros.
Comunidades
Junto a Melilla y Ceuta, también se encuentran en la misma situación los empleados públicos de las comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, la Región de Murcia, Islas Baleares y los órganos centrales, como sería el caso de, por ejemplo, la Audiencia Nacional, donde los funcionarios dependen del Ministerio de Justicia.
Incertidumbre
Además de la equiparación salarial, Domene explicó que el sector también está preocupado por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que está ahora en trámite parlamentario y la cual consideran que va a suponer “un nuevo recorte” a sus derechos laborales. Actualmente, el personal puede elegir un destino concreto dentro de una ciudad. De modificarse la normativa, solo se podrá decidir la población. “En los pueblos en los que solo hay un juzgado, no habrá problemas pero en el resto habrá mucha más incertidumbre”, señaló el responsable de CSIF Justicia en Melilla.
En la concentración, bajo el lema ‘En Justicia, condiciones y retribuciones justas’, también mostrarán su preocupación por el futuro del Registro Civil. “A día de hoy no está garantizado un modelo público”, indicó, detallando que a partir del 1 de julio no saben qué va a ocurrir. En esa fecha, debería entrar en vigor una normativa de 2011 pero puede que vuelva a hacerse una prórroga de la anterior, como hasta ahora. “Por la irresponsabilidad de los grupos políticos, los ciudadanos ya no podrán acudir al Registro Civil de su pueblo y más de 4.000 funcionarios perderán su destino”, denuncian desde CSIF.
Sin paciencia
“Se ha acabado nuestra paciencia. Vamos a salir a la calle”, señalan desde CSIF Justicia Melilla.
A nivel nacional, una plataforma conjunta integrada por varios sindicatos va a salir a la calle aunque en nuestra ciudad solo CSIF ha convocado esta concentración.
