La Justicia marroquí abrió durante 2020 un total de 126 procesos judiciales contra personas acusadas de terrorismo, un retroceso del 60 por ciento frente al año anterior.
Los datos de la Memoria de 2020 del ministerio público marroquí, hechos públicos esta semana, indican que 123 personas fueron presentadas el año pasado ante la Justicia en el marco de la ley antiterrorista, la mayoría de ellas por apología al terrorismo.
El documento agrega que 119 de estas personas todavía están en juicio debido a las circunstancias de coronavirus.
Asimismo, agrega que pese a la disminución de los delitos de terrorismo en 2020, las células desarticuladas durante este año "han supuesto una verdadera amenaza" para Marruecos debido a la importancia de los objetivos que querían atacar.
Los servicios de seguridad de Marruecos calculan que el país tiene a más de mil, entre yihadistas y sus familias, detenidos en la zona sirio-iraquí.
El último ataque terrorista perpetrado en Marruecos data de diciembre 2018, cuando un grupo de extremistas asesinaron en una tienda de campaña cerca de Marrakech a las turistas Louisa Vesterager Jespersen (danesa) y Maren Ueland (noruega).
En 2014 Marruecos endureció su ley antiterrorista para castigar específicamente a aquellos que se unan o pretendan unirse a grupos yihadistas dentro o fuera del país y al año siguiente creó el BCIJ, que centraliza la acción antiterrorista en colaboración con los diferentes aparatos de seguridad del país.
En octubre de este año las autoridades marroquíes instaron a los comerciantes de piedras y metales preciosos, antigüedades y obras de arte a denunciar a sus clientes sospechosos de utilizar esta vía para blanquear dinero o financiar el terrorismo.
Según una circular de la Administración de Aduanas marroquí, encargada de supervisar esta actividad, los comerciantes están obligados a denunciar a los sospechosos de forma verbal o escrita ante la Autoridad Nacional de Información Financiera (UTRF, en sus siglas en francés).
