La actuación de los agentes de la Guardia Civil está de nuevo en entredicho, esta vez a raíz de las declaraciones que hizo el pasado martes el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la interpretación que cada uno ha querido hacer de las mismas. Del ‘quizás’ se ha pasado automáticamente al ‘por supuesto’ y, al final, el asunto de las presuntas expulsiones ilegales de inmigrantes llegará al Congreso de los Diputados. Allí, lo único que se puede esperar es que sus señorías añadan un nuevo capítulo a esta polémica y nada quede claro.
Si los guardias civiles entregan de manera ilegal subsaharianos a las Fuerzas de Seguridad marroquíes o no, sólo lo saben los propios agentes, que también son los únicos que conocen si se ha producido alguno de los errores de los que hipotéticamente hablaba el ministro. Y sólo lo saben los agentes porque hay un especial interés por parte de los mandos y de sus superiores en los correspondientes ministerios en mantener el oscurantismo en torno a este asunto.
La consecuencia más inmediata de esta política, de la que son igual de responsables el PP y el PSOE, es la existencia de un ‘tupido velo’ que da pie a todo tipo de especulaciones. La primera conjetura es que la Guardia Civil tiene algo que ocultar. Si impide a la prensa hacer su trabajo cada vez que los agentes llevan a cabo una intervención, lo primero que viene a la cabeza es que hay un especial interés en que los ciudadanos no sepan qué hace la Benemérita o en que la información que se difunda esté previamente filtrada para no ofrecer una imagen de lo que realmente ocurre. La excusa para prohibir la presencia de periodistas siempre es la misma: Una mezcla de supuesto riesgo para seguridad nacional, peligro para la integridad física de los informadores y garantizar el anonimato de los agentes que intervienen para repeler estas avalanchas. Los tres argumentos caen por su propio peso. En primer lugar, la valla es ‘visitable’ por cualquier ciudadano con interés por recorrer el perímetro fronterizo a cualquier hora del día y la noche, tanto a pie como en coche. Además es perfectamente ‘gravable’ y ‘fotografiable’ si se actúa con cierta cautela.
El segundo motivo, el riesgo físico para los periodistas, éste va incluido en la profesión y cada informador debe ser quien decida asumirlo en mayor o menor grado.
Y finalmente, en relación al anonimato de los agentes, no hay ningún especial interés por difundir sus rostros ya que, aunque son parte de la noticia, no son el foco principal de la misma.
Si a este ‘oscurantismo’ hacia la ciudadanía impidiendo trabajar a la prensa añadimos la insistente negativa a facilitar un protocolo de actuación a los agentes para disipar las dudas que puedan surgir en diferentes situaciones, es fácil deducir cómo hemos llegado a la situación actual, en la que las declaraciones de un ministro pueden ser interpretadas de un modo y justamente del contrario.
