En el Informe Anual de la actividad de la Institución en 2021, el Defensor del Pueblo ha puesto en valor la escolarización de menores residentes en Melilla que ha tenido lugar este curso escolar tras años señalando este problema. En el Informe explican que en este año 2022 se publicó una resolución de la Secretaría de Estado de Educación que reconoce la singularidad de la escolarización en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esto va en línea , dicen, con lo recomendado por el Defensor; en esta resolución se acepta otros documentos como medio de prueba para acreditar la residencia, más allá del empadronamiento. Explican que las quejas recibidas desde 2018 han permitido constatar la presencia continuada en Melilla de generaciones de familias extranjeras cuyos hijos e hijas han nacido o residen habitualmente en la ciudad, pero no están empadronadas y se encuentran en situación administrativa irregular. En una nota de prensa, recalcan que en opinión de la Institución, con esta resolución el derecho a la educación de estos niños y niñas, su acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro queda garantizado. Además, apuntan que la resolución pone fin a los perjuicios que la situación de irregularidad documental de sus progenitores causaba a un importante número de menores residentes en Melilla.
Aumento
Si las quejas que recibió el Defensor desde Melilla en 2020 eran 87, en este año 2021 esas quejas han aumentado hasta 129. Así pues, en el primer año mencionado el porcentaje de Melilla sobre las quejas recibidas de todo el país era del 0,32 y el año pasado subieron hasta el 0,45. Para hacernos una idea, en Ceuta se recibieron 45 en 2020 y en 2021 fueron 58. En 2021, por áreas de actuación, se recibieron 42 quejas por migraciones, 28 por asilo, hay 12 que están en estudio, nueve son sobre la Administración de Justicia, siete por función y empleos públicos, cinco por educación. Asuntos de Interior, sanidad, actividad económica, urbanismo y servicios públicos y esenciales recibieron tres quejas cada una. Medio ambiente recibió dos e igualdad de trato, cultura y otros ámbitos, transparencia y asuntos exteriores recibieron una queja cada una.
En España
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, registró este viernes, 18 de marzo, en las Cortes Generales el Informe Anual de la actividad de la Institución en 2021. Además, ha hecho entrega del mismo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. En 2021, en el Defensor del Pueblo se tramitaron 29.401 expedientes, entre quejas (29.015), investigaciones de oficio (182) y solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y amparo (204). Además, en este período en la Institución fueron atendidos personalmente: 33.708 ciudadanos y ciudadanas, de los cuales 734 fueron presenciales y 32.974 a través de llamadas de teléfono. El Defensor del Pueblo formuló a las diferentes administraciones un total de 2.231 resoluciones, de las cuales 582 fueron recomendaciones, 1.139 sugerencias, 508 recordatorios de deberes legales y 2 advertencias. Los asuntos sobre los que más se quejaron los ciudadanos tuvieron que ver fundamentalmente con empleo, seguridad social, administración de justicia, función y empleo públicos, sanidad y migraciones. Según su procedencia geográfica, el mayor número de quejas vino desde la Comunidad de Madrid (6.361 expedientes), Andalucía (3.517), Comunitat Valenciana (2.856) y Cataluña (2.815). Según el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, “el informe es una radiografía de la realidad social de España, ya que muestra no solo el estado de la Administración sino, aún más, del conjunto de la sociedad”. Este informe es más que una exigencia legal que se rinde mecánica y burocráticamente, “es una llamada a la reflexión sobre problemas reales, conflictos reales, de personas reales, cuyos derechos fundamentales no son garantizados, o no lo son plenamente, por los poderes públicos”, apunta Gabilondo. La experiencia de las quejas recibidas permite asegurar, señala el Defensor del Pueblo, que “la pandemia ha puesto más en evidencia la necesidad de atender eficazmente situaciones de emergencia social”.