Las instalaciones del centro de Baularte, el sistema de llamada o intercomunicador en las habitaciones de esta entidad o el sistema mecánico de las puertas de las estancias no cumplen de forma adecuada con lo que se exige para un espacio donde hay menores privados de libertad. Así se recoge en el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, entregó ayer al vicepresidente primero del Congreso, José Ignacio Prendes, y, posteriormente, al Senado.
Del total de menores en el centro de Baularte, hay seis en régimen cerrado y 38 en semiabierto, además de otros cuatro con un internamiento terapéutico cerrado. En cuanto a la resolución judicial de las condenas, 32 son firmes y 16, cautelares.
100% de ocupación
Melilla es una de las regiones donde el centro de menores infractores está al 100% de ocupación, es decir, que hay 48 jóvenes en el centro y que es el máximo de plazas. También ocurre con uno de Valencia (Pi i Margall).
Tras la visita al centro, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura hace una valoración de determinas cuestiones de este espacio, así como otros visitados en la península. El de nuestra ciudad suspende también en otras cuestiones, como en la remisión a la Administración competente de los expedientes personales de menores que quedan en libertad o la formación laboral específica con titulación oficial.
El Defensor del Pueblo tampoco cree que se cumpla de forma adecuada con la atención educativa especializada de las medidas de internamiento terapéutico. Suspende, asimismo, al centro melillense en la diferenciación de funciones que tiene que haber entre auxiliares de control educativo (ACE) y el personal de seguridad.
El sistema de videovigilancias y el protocolo de grabación y extracción de imágenes no superan los requisitos marcados por esta entidad. Como tampoco lo hacen la visita de abogados de oficio, la aplicación del aislamiento provisional como una medida cautelar y no como un medio de contención, la información por escrito al menor del retroceso educativo o un libro específico donde se anoten las pertenencias personales de los menores o sus habitaciones.
Las recomendaciones
Una de las recomendaciones de este organismo para el centro de Baluarte de Melilla es que cambie el sistema de extracción y visualización de las imágenes de las cámaras de seguridad para que la Dirección pueda consultarlas directamente. En caso contrario, “se está comprometiendo su capacidad para corregir errores y evitar eventuales excesos de celo o actuaciones incorrectas”, subraya.
Otro de los aspectos en los que el Defensor del Pueblo ha hecho una recomendación es en el examen médico que hay que hacer en las primeras 24 horas de ingreso del menor en el centro de reforma. Para Melilla y debido a que hay una población en alto riesgo, se solicita que se realicen analíticas de sangre y detección de enfermedades de transmisión sexual. Pero el centro informó de que “no resultaba asumible” porque cada analítica de este tipo cuesta 160 euros.
Además, el informe recoge que tiene un aspecto carcelario y que sería aconsejable que careciese de elementos, como barrotes, y se contara con más decoración para que a los menores les ofrezca un aspecto diferente.
Lo positivo
Pero en este documento elaborado por el Defensor del Pueblo se incluyen los aspectos en los que el centro realiza una buena función. Éste es el caso de contar con un dossier con las normas del centro para los menores. Asimismo, se comunican los expedientes disciplinarios , hay un libro de registros con estos partes, se recoge la sanción a un menor de separarse del grupo y cuenta con un programa de fases o progresión.
La alimentación y la flexibilidad de las visitas también son adecuadas desde el punto de vista de esta institución.
