El Ministerio de Defensa ha respondido a la pregunta de la Asociación de Tropa y Marinería (ATME) que la presencia de amianto en los cuarteles no entraña necesariamente una situación de riesgo. En una nota de prensa ATME detalla la respuesta del Ministerio de Defensa en relación a su preocupación por la presencia de amianto en bases y cuarteles militares. Con fecha 9 de agosto, ante la preocupación de los socios de ATME por las noticias aparecidas en los medios de comunicación, la Asociación de Tropa y Marinería Española se dirigió por escrito al Ministerio de Defensa, solicitando una seria de datos aclaratorios. En la respuesta, asegura la asociación, Defensa contesta que la información publicada en la prensa no se ajustaba a la realidad. Por el año de construcción, continuaba, en un número considerable de bases y acuartelamientos de las Fuerzas Armadas existe amianto, limitándose, en la mayor parte de los casos, a fibrocemento en cubiertas de tejados y paredes de talleres, hangares y aparcamientos de vehículos, así como en tuberías bajantes en edificios, generalmente al aire libre, donde no supone un riesgo. Sin embargo, su degradación por el paso de los años y la posibilidad de que al manipularlo pudiera verse fragmentado (ej. durante su retirada en una obra), hace que su tratamiento esté regulado por el RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, añaden desde ATME. La mera presencia de amianto, argumentaba Defensa, no indica necesariamente una situación de riesgo, siempre que el material esté en buen estado y no presente riesgo de liberación de fibras, basándose en la “Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición al amianto”, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Además, el ministerio señala que si se comprueba la existencia de amianto en las instalaciones, se realizará un seguimiento y control del estado de conservación de los materiales y, de acuerdo con la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se planificará su retirada y eliminación de forma segura antes de 2028. Hasta el momento de la contestación se habían tramitado 113 expedientes relacionados por contaminación por este mineral, de los cuales 80 se habían considerado como acto de servicio.