El caso del presunto fraude electoral y manipulación de los Planes de Empleo en las Generales de 2008 está al rojo vivo. Ya escribí ayer de ello aquí, lo que me ha costado alguna petición de rectificación, en concreto por parte de Mustafa Aberchán que tacha de “falsa” o “inveraz” alguna de mis conclusiones. El cepemista sostiene, tal cual hizo en su rueda de prensa del pasado martes, que el titular del Juzgado de Instrucción nº4 de Melilla debe ser investigado porque, según él, casualmente lo ha imputado en distintos delitos, casi siempre relacionados con presuntas injurias y calumnias, durante los tres últimos procesos electorales. Además, considera que el mismo magistrado puede estar incurriendo en un delito de prevaricación por no actuar contra el presidente Imbroda, al que Aberchán imputa un presunto delito de cohecho, consistente, según el cepemista, en ofertar prebendas al exempleado del PSOE que se autoinculpó en el presunto fraude electoral que comentamos y que, junto a los testimonios de la exdirigente socialista Ikram Aanan, constituyen la principal baza del informe del grupo Eco Policía Judicial de la Guardia Civil que ha investigado el comentado y polémico presunto fraude de las Generales de 2008.
Aberchán, en concreto, me pide que rectifique lo que no deja de ser una opinión, que como tal no es más que un parecer, reflexión, enfoque o punto de vista absolutamente subjetivo. No obstante, en mi caso, y en concordancia al estilo de esta sección, las conclusiones u opiniones se vierten a partir de un análisis y exposición previa de los hechos.
En concreto, en mi artículo de ayer hablaba de ‘goteo’ coordinado, al menos coincidentemente en el tiempo, entre PSOE y CpM, para defenderse con un contraataque de las imputaciones que les realizan la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción nº4: Un cúmulo de comentarios de los principales dirigentes socialistas y cepemitas en los que, desde el PSOE, se acusa al juez instructor del mismo procedimiento de actuar “en confraternización” y al dictado del PP y el Gobierno local; de servir a Imbroda para espiar a la oposición un año antes de que se celebren elecciones; o de no actuar contra los indicios de un aparente intento de compra por Imbroda del principal testigo y autoinculpado en la causa.
Por su parte, CpM va más lejos y habla incluso de que el juez está pudiendo tapar un presunto delito de cohecho imputable al presidente Imbroda, por lo que concluye que el magistrado puede estar incurriendo o haber incurrido, como la Guardia Civil, en un presunto delito de prevaricación.
Prevaricar es una figura jurídica delictiva que sólo puede tener como sujeto de derecho a un cargo público, puesto que se refiere a la adopción de una resolución a sabiendas de que es injusta por parte de una autoridad, un juez o un funcionario.
Ayer, vuelvo a mi artículo de ayer –qué remedio-, tras analizar ese goteo del que hablo de nuevo hoy aquí, concluía que CpM y PSOE habían pasado de cuestionar a agredir a la Justicia. Un extremo que Aberchán no considera una opinión (sic) a pesar de que, desde mi óptica, resulta imposible valorarla de otro modo, porque no es más que eso, un juicio o una conclusión propia si quieren de un análisis particular de cuanto PSOE y CpM vienen diciendo, en concreto desde que el juez citara a 27 cepemistas y socialistas como imputados.
Mi conclusión anterior, la que aparece en la línea 35 de ‘La Diana’ de ayer, como expresamente me detalló Aberchán, no es sin embargo un capricho ni obedece a ninguna consigna política, ni tampoco de la empresa editora de este medio.
Me niego a tener que justificarme previamente porque desde CpM y PSOE un día sí y otro también se ponga en solfa el valor y credibilidad de los medios de comunicación locales, a costa de unos convenios de publicidad que, miren por donde, empezaron a formalizarse durante la etapa de Gobierno local de Coalición por Melilla y, posteriormente, acabaron por ‘institucionalizarse’ durante el Gobierno de concentración en el que participó el PSOE, la extinta UPM y el PP.
Creo que a un juez se le puede intentar recusar, que se le puede presentar una querella o denuncia si se considera que ha incurrido en una prevaricación. Lo que no creo es que se le pueda atacar en los medios de comunicación un día sí y otro también, o que igualmente se ponga en solfa, un día sí y otro también, el trabajo de la Guardia Civil. Más aún cuando desde PSOE o CpM ni siquiera se toman medidas legales como las que apunto para dar mayor fuerza y solvencia a sus acusaciones. Como digo, pura opinión y puro análisis, que por supuesto no aspira a sentar cátedra ni mucho menos a ser compartido por todo el mundo.
