La Ciudad ha publicado un anuncio de desistimiento del contrato para dar el servicio municipal de grúa, depósito e inmovilización de vehículos en Melilla. Así se recoge en la Plataforma de Contratación del Estado dese una hace una semana. Este contrato tenía un valor de 791.346 euros y se había propuesto una adjudicación a una empresa, pero finalmente no se quedará con este servicio. ¿Por qué? La Ciudad indica que el terreno que había propuesto para establecer el depósitos de coches está en una parcela que se considera rural y no ve motivos para cambiar esa calificación del terreno a urbana. Por lo tanto, desiste de esta licitación. Habrá que ver ahora si vuelve a realizar un nuevo anuncio de este servicio.
Fue a mitad de septiembre cuando CCOO denunció que Melilla carecía del servicio de grúa municipal. Acusó a la ciudad de no haber dado soluciones a este problema porque no hizo una prórroga a tiempo para alargar el contrato de la empresa que realizaba este servicio hasta ese mes y tampoco se dio prisa para licitar. Esto provocó que diez trabajadores se hayan quedado en la calle.
Son numerosos los requerimientos y las ocasiones en las que se ha pedido información a la empresas que en un principio se quedó con la adjudicación del servicio. CCOO ya indicó en más de una ocasión en El Faro que ésta no cumplía con los requisitos que se exigían en el pliego y finalmente, el paso de las semanas ha dado razón a este sindicato.
No cumplía los pliegos
CCOO destacó hace unas semanas que la empresa que quedaba con este servicio no contaba en Melilla ni con una nave o parcela en la que almacenar los coches retirados por la grúa ni con ninguno de estos vehículos especializados.
La propuesta de ésta era alquilar una parcela. Pero el problema es que son terrenos rurales y no urbanos y se precisaba de una recalificación del mismo para poder disponer de él como un almacén para los vehículos.
En el último informe de resolución de esta licitación narra que se solicitó por parte de la Dirección General de Presidencia a la de medio Ambiente si los documentos que se aportaban de este espacio se podían utilizar para un depósito. La respuesta de esta otra área de la ciudad el 7 de octubre fue que la parcela era de suelo no urbanizable de protección común y “no es compatible urbanísticamente con el uso de depósito de vehículos, al ser éste un uso de equipamiento secundario, que sólo puede desarrollarse legamente en el suelo urbano”.
Este informe llega a la mesa de contratación y la Dirección General de Presidencia determina allí que como hay posibilidad de conceder el uso específico con carácter excepcional de ese terreno por interés público y social. Por ello, indica que se sigue con la adjudicación a la espera de este nuevo documento.
¿Interés público?
Fue el 15 de noviembre cuando se recibió el otro informe en el que se analiza si por razones de interés público se puede conceder una licencia provisional para un uso impropio de suelo rústico y de qué duración sería por si fuer compatible o no con la licitación del servicio de grúa.
La respuesta fue que en un terreno rural se pueden ubicar viviendas o instalaciones de uso social. Además, la normativa de la Ciudad implica seguir un proceso largo de unos tres meses, según experiencias anteriores de la propia Administración, hasta que se haga la resolución, pase por comisión y pleno y se cuenten con todos los informes necesarios. Si hubiera alegaciones, podría llevar a seis los meses de duración de este trámite. Asimismo, la Dirección General del Suelo no es muy dada a otorgar autorizaciones de este tipo porque “una interpretación laxa de esta normativa haría que en poco tiempo” el poco suelo rústico de Melilla desapareciera.
Otro punto que analiza es el concepto de “utilizad o interés público” porque si hay beneficios privados puede que no esté en posición la Administración de dar esta opción a la empresa.
La jurisprudencia, se resalta en el informe, se ha encargado de dejar claro que las autorizaciones o legitimaciones de usos extraordinarios del suelo rural (no conformes con su naturaleza agrícola, ganadera, forestal o cinegética) suponen una excepción a la norma, por lo que debe ser objeto de interpretación y, por tanto, de aplicación restrictiva. Por otro lado, debe ponerse especial cuidado en evitar que el recurso “barato” al suelo rural, como lugar de implantación de industrias o actividades falsee la competencia en este mercado, frente a los empresarios del sector cuya actividad se desarrolle en suelo apto, urbanísticamente hablando, para ello.
Por último, este informa remarca que “no debe dejar de mencionarse las tendencias medioambientales que impregnan, hoy en día, la legislación del suelo, en la que se vuelve a poner en el centro del sistema el suelo rural como valor en sí mismo.
De manera que añade que, tras hacer este análisis, cualquier terreno de Melilla no urbanizable sería susceptible de interés público o social y por lo tanto, de una autorización excepcional de uso simplemente justificando la existencia de cualquier beneficio que, aunque sea primordialmente privado, tenga alguna repercusión para el interés público.
El informe remarcó que parecería que es el acto de la adjudicación de un determinado contrato público lo que legitimaría el uso excepcional de un terreno rústico o no urbanizable, cuando el orden deberí́a ser a la inversa, es decir, que sólo aquellos terrenos que fuesen urbanísticamente aptos para el ejercicio de determinada actividad (bien de forma ordinaria o excepcional) estuviesen en condiciones de ser admitidos a cualquier licitación pública.
Con este criterio, teniendo en cuenta que el contrato que se informa pudiese tener una temporalidad anual, nos encontraríamos con la posibilidad de que cada año pudiese transformarse determinada finca rústica, con lo que en poco tiempo tendríamos todo el suelo rústico de Melilla antropizado, con la pérdida de capacidad biológica que este tipo de terrenos tiene por sus características naturales.
Por ello, el informe concluye asegurando que no hay motivos para legitimar el uso excepcional de un suelo rural para depósito de vehículos cuando se puede realizar la actividad en un suelo apto.
Con toda esta situación sobre la mesa, la empresa adjudicataria de forma provisional no podría ofrecer el servicio porque no contaría con el terreno ni aunque se le diera la autorización porque no llegaría a tiempo y se decide desistir de este contrato.
Los diez trabajadores del servicio de grúa estudian emprender una protesta
CCOO aseguró este martes a El Faro que los diez trabajadores del servicio municipal de grúa que fueron despedidos y que se encuentran en paro al no haber ninguna empresa adjudicataria de este contrato están estudiando emprender una concentración o protesta para dar a conocer su caso.
El sindicato explicó que, tras el desistimiento de la Ciudad de la licitación del servicio, porque solo una empresa entregó a tiempo la información que precisaba la Administración y no cumple con los requisitos, no hay ninguna que les pueda subrogar.
CCOO ya presentó la demanda correspondiente en el juzgado y es que mientras que no haya una empresa estos diez empleados estarán en la calle. Han solicitado el desempleo, pero si el juez les da razón, será la Ciudad la que tenga que abonarles el salario de todos los días que han estado sin trabajo por “la mala gestión” de la Administración local. En ese caso, devolverían el paro que hubieran cobrado durante esas semanas.
El sindicato argumentó que la situación es aún más complicada para dos de los trabajadores porque son transfronterizos y tienen más problemas para conseguir la documentación que les permita trabajar en la ciudad y no cuentan con prestación por desempleo.
Sin grúa municipal
Al margen de la situación de estas diez familias, CCOO subrayó que los melillenses no cuentan con un servicio de grúa municipal desde septiembre.
Remarcó que la Ciudad permite contratar a una grúa que no tiene las condiciones adecuadas para hacer trabajos urgentes o de emergencia, complicando así la labor de la Policía Local. Además, se está alquilando el terreno de la empresa que antes ofrecía ese servicio de grúa municipal para el depósito de vehículos a un precio elevado, añadió CCOO.
El sindicato se pregunta qué pasará si un coche no es retirado de un espacio que es preciso despejar porque no siempre se da la autorización para contratar a esa grúa que hace los servicios urgentes y se suele demandar cuando hay accidentes de tráfico. Cuestiona si se dejará un coche en una vía para la Cabalgata de Reyes, por ejemplo, u otra actividad en la calle que requiera de la retirada de los vehículos.
Por otro lado, el sindicato también lamentó que la Ciudad no se haya puesto en contacto con el sindicato para abordar qué va a pasar ahora con los trabajadores y con la licitación del contrato del servicio de grúa que quedó desestimado por la Administración.
