Sólo 22 inmigrantes subsaharianos, del total de 578 que ha entrado de forma irregular en nuestra ciudad, han solicitado asilo una vez llegados a territorio español.
Éste fue uno de los datos que expuso ayer el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, en forma de respuesta al Defensor del Pueblo y a la asociación de magistrados Jueces para la Democracia.
Estas dos entidades, una dependiente del Estado y otra conformada por conocedores de la legislación, han cuestionado el papel que juega nuestro país a la hora de garantizar el acceso a las oficinas de asilo que se encuentran en los puestos fronterizos de Beni Enzar (Melilla) y El Tarajal (Ceuta) desde territorio marroquí.
Por un lado, el Defensor del Pueblo insta al Gobierno central a localizar, mediante la colaboración con el país vecino, los problemas y trabas con que se encuentran los migrantes subsaharianos a la hora de acceder a estas instalaciones para solicitar su derecho a tener protección internacional.
Por otro, la organización de jueces cree que, subiendo los peldaños judiciales correspondientes, se podría llegar a exigir responsabilidades a España por el hecho de contar con unas oficinas a las que, según indican diferentes organizaciones, no pueden acceder los subsaharianos.
Para contestar a estos dos puntos de vista, el delegado relató una serie de cifras para exponer que los migrantes de dicho origen “no tienen interés” en demandar protección internacional (un argumento que ha defendido El Barkani en varias ocasiones) porque “solamente” 22 de estas personas iniciaron los trámites para obtenerla.
Se trata, sin embargo, de 22 personas que no accedieron a Melilla por la puerta, es decir, por vías preestablecidas, sino que para poder encontrar este amparo tuvieron que buscar arriesgados métodos de entrada en nuestro país, como los saltos a la valla o los dobles fondos de vehículos. Éste último método, además, suele estar orquestado por redes que se lucran de la desesperación humana.
Seguramente, casi todo el mundo estará de acuerdo en que está a favor de una inmigración legal y ordenada. Sin embargo, lo que se está dirimiendo y lo que pone sobre la mesa el Defensor del Pueblo es si las personas de origen subsahariano tienen las mismas garantías que un sirio para, simplemente, alcanzar territorio español de forma segura, que se analice su situación y que se le permita acceder un derecho internacional como el de solicitar asilo.
