Durante toda la semana, nada más que siguiendo las páginas de este periódico, resulta que existen multitud de flecos en esas relaciones entre las administraciones públicas y la Plataforma de Empresarios. En primer lugar, son sorprendentes las declaraciones del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, cuando señala que, tanto el delegado del Gobierno como el consejero de Hacienda, hablan todos los días con los integrantes de la Plataforma. También se han podido leer otras declaraciones, tanto del máximo representante de la Administración General del Estado en la ciudad y del máximo responsable de las arcas municipales, que anticiparon esos contactos.
Por tanto, alguien de la Plataforma de Empresarios debería explicar todos los argumentos sobre que no hay entendimiento con la Ciudad Autónoma y con la Delegación del Gobierno. No es verdad, existen esas conversaciones, quizás no formales, alrededor de una mesa, pero hay intercambio de opiniones vertidas por uno y otro lado.
En el artículo del pasado jueves decía que, en una ciudad como Melilla, romper las relaciones entre las administraciones y el sector empresarial no es que sea grave, sino verdaderamente mortal para los intereses de todos los melillenses. La política y la economía están condenadas a entenderse. Unos no son nadie sin los otros. Pero esos malos augurios no se dan, lo cual ya es un punto de partida.
Quizás lo que deberíamos plantearnos es qué representación tiene la Plataforma de Empresarios de Melilla. Por supuesto, en un país democrático como el nuestro, quienes tienen unos objetivos comunes no tienen ningún problema a la hora de asociarse. Lo que sucede es que existe ese órgano, llamado Confederación de Empresarios de Melilla. Cosa bien distinta es que los integrantes de la Plataforma de Empresarios no se entiendan con la presidenta de la Confederación de Empresarios y de la Cámara de Comercio.
Seguramente. quien puso el dedo en la llaga fue la responsable de Comunicación del Partido Popular, quien en una rueda de prensa, volvió a insistir sobre el famoso chantaje a las dos administraciones. Es decir, que tenían 72 horas para sentarse en una mesa de negociaciones las dos partes o convocaban una concentración para el día 22. Nada más lejos de la realidad. La responsable de Comunicación indicó que, a lo mejor, el problema estaba en que alguno de los líderes de la Plataforma de Empresarios quiere ocupar el cargo de presidente de la Confederación de Empresarios.
No he leído absolutamente nada sobre que no existen los contactos con el delegado del Gobierno y con el consejero de Hacienda, ni tampoco sobre esa acusación por parte de la responsable de Comunicación que habla de esos intereses particulares por parte de alguno de los líderes de la Plataforma de Empresarios. Si nadie desmiente es porque los políticos que han contado esos hechos tenían más razón que un santo.
Otra apreciación: resulta que la Plataforma de Empresarios, que en Melilla decía que daban 72 horas para una reunión y que en caso contrario convocaban la concentración, se reunía en Algeciras con los máximos responsables de la Confederación de Empresarios de Ceuta. Y allí, todos estaban de acuerdo en que el día 22 saldrían a la calle. Ello significa que esa especie de chantaje era nada más una boutade para la galería, porque ellos tenían claro que el 22 van a salir a la calle sí o sí.
Vuelvo a repetir que lo importante es que, una vez que pase la euforia de la concentración y los empresarios hagan una relación de todas sus reivindicaciones, culpen de todos los males de la tierra y del cielo a los políticos de la Ciudad y de la Delegación del Gobierno, se sienten en una mesa para intentar, entre todos, los problemas de Melilla. Por supuesto, igualmente, desde los poderes políticos ha de existir magnanimidad y olvidar posibles enfados, porque unos y otros están condenados a entenderse.
