Resulta casi grotesco que Coalición por Melilla amenace con acudir a los tribunales para denunciar presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Asamblea. Más allá del espectáculo político que pretenden ofrecer, hay una cuestión esencial que ese partido parece ignorar de forma deliberada: su absoluta falta de autoridad moral para señalar con el dedo a nadie.
Prácticamente todos los que fueron consejeros en el Gobierno CpM-PSOE, además del propio presidente del partido, Mustafa Aberchán, pasaron por prisión preventiva en el marco de la operación Santiago-Rusadir. Una medida cautelar de la máxima gravedad que no se dicta a la ligera, sino cuando existen indicios sólidos y contrastados de delitos igualmente graves: pertenencia a organización criminal, malversación de fondos públicos, fraude en la contratación, tráfico de influencias, prevaricación… Todo eso consta en un sumario judicial voluminoso que aún mantiene a los dirigentes y diputados cepemistas pendientes de juicio.
Ahí está el drama real de CpM. No en lo que denuncian, sino en lo que arrastran. Porque cuando una formación política tiene a buena parte de su cúpula señalada judicialmente por actuaciones que afectan al dinero público y al funcionamiento limpio de la administración, su credibilidad para erigirse en guardián de la legalidad queda automáticamente neutralizada. ¿Con qué legitimidad pueden dar lecciones sobre ética, transparencia o cumplimiento de las normas?
La política local necesita de una oposición exigente y rigurosa, sí, pero también limpia y regenerada. Justo lo contrario de lo que representa CpM en su configuración actual. Estos mismos portavoces que hoy claman en ruedas de prensa o lanzan comunicados altisonantes son los que estuvieron al frente de un Gobierno investigado por corrupción sistémica. ¿Qué legitimidad queda entonces para levantar la voz o para plantarse en la puerta de los juzgados agitando papeles?
Era imprescindible que CpM hubiera aprovechado las elecciones de mayo de 2023 para abrir una nueva etapa. Nuevas caras, nuevos discursos, una ruptura con el pasado. Pero no lo hicieron. Y no lo hicieron porque Aberchán se niega una y otra vez a soltar el timón. El resultado fue un batacazo electoral que aún resuena en el partido y en sus filas internas.
Aquellas elecciones desnudaron la realidad de CpM. La formación estaba convencida de que arrasaría en las urnas, posiblemente con mayoría absoluta. Pero todo cambió cuando la Junta Electoral Central resolvió que el voto por correo en Melilla requería que el elector se identificara personalmente con su DNI. Se acabaron entonces las esperanzas de una movilización masiva de sufragios bajo sospecha. Y la consecuencia fue inmediata: una caída estrepitosa que devolvió a CpM a su techo histórico de representación —cinco diputados—, el número real de apoyo ciudadano sin atajos ni estrategias oscuras.
Hoy, CpM es un partido atrapado en su pasado y dirigido por alguien que, pese a las advertencias internas, quiere volver a ser candidato en 2027. Aberchán mantiene un férreo control sobre la estructura de la formación y se negó a escuchar las voces que reclamaban una renovación urgente, cuando no una refundación completa. Hubo sectores en la militancia que exigían un congreso, que pedían abrir ventanas y dejar entrar aire nuevo. Pero el liderazgo no está dispuesto a renunciar ni a delegar, ni siquiera por supervivencia política. La consecuencia, la salida de esos militantes con la formación de una nueva organización política.
Y mientras tanto, el partido sigue lanzando acusaciones, amenazando con denuncias judiciales, como si su historia reciente no lo deslegitimara de raíz. En política, como en la vida, hay momentos en que lo más sensato es guardar silencio. No por cobardía, sino por respeto. Respeto a la ciudadanía, a la democracia, a las instituciones. Porque cuando uno ha sido protagonista de uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente de Melilla, lo mínimo que debería hacer es tener la boca cerrada.
