El sindicato CSIF ha llevado a la Fiscalía en Madrid los casos de varios mutualistas de Muface a los que las compañías han denegado determinados servicios, a pesar del compromiso adquirido de mantener la asistencia sanitaria hasta el próximo 31 de marzo. Esta organización ha denunciado que se ha llegado a negar pruebas de cáncer a pacientes, lo cual califican como "un abuso" por cuanto supone "el incumplimiento de la normativa y de los acuerdos".
Entre tanto, CSIF ha dejado claro que mantiene la convocatoria de huelga en el sector público afectado por Muface para este jueves, después de que la segunda licitación quedara virtualmente desierta y la tercera, todavía pendiente, es por ahora una incógnita. "Esta tercera licitación aún no está garantizada", según aseguró el presidente del sindicato en Melilla, Luis Escobar.
Por ahora, lo único que ha trascendido es que el Gobierno ha aumentado en un 41% el coste del contrato para los próximos tres años, lo cual supone 4,4 millones de euros y un acercamiento a lo que las aseguradoras pretendían. Igualmente, se incluye una cláusula de revisión por si se produjeran pérdidas por situaciones sobrevenidas, como ocurrió con la pandemia del covid.
"Decidimos por unanimidad convocar la huelga ante la incertidumbre y la desatención", comentó Escobar para señalar que se han producido también desatenciones en clínicas y en consultas porque las compañías se negaban a prestar atención, a pesar de la disposición de 26 de diciembre que obligaba a estas aseguradoras a continuar hasta el 31 de marzo.
La próxima licitación está fechada para el 4 de ese mismo mes pero a estas alturas se desconoce si las compañías concurrirán o no a la convocatoria para obtener los contratos. "Mientras las aseguradoras no den su visto bueno, nosotros seguimos manteniendo la huelga. Y, por supuesto, también la concentración ante la Delegación del Gobierno a las doce del mediodía".
De producirse la contratación, el servicio se iniciaría a las cero horas del 1 de abril de este año y durará hasta el 31 de diciembre de 2027. De ello se beneficiarían los casi cinco mil empleados públicos que hay en Melilla dependientes de ministerios como Educación, Interior (salvo Guardia Civil), Administración Pública, etc. En definitiva, alrededor del 85% de los funcionarios.
Luis Escobar dejó claro, asimismo, que los funcionarios de carrera nunca tuvieron la opción de elegir la Seguridad Social frente a Muface. "Eso no es una opción. Otra cosa es la asistencia médica, que la puedes recibir por el Sistema Nacional de Salud o por alguna de las compañías concertadas", explicó.
Actualmente, de los 4.800 mutualistas que hay en Melilla, 4.100 prefieren tener la asistencia a través de las aseguradoras privadas.
Otro dato aportado por Luis Escobar es que la huelga afecta a un total de 1.300 funcionarios por cuanto que se debe detraer del total la plantilla de la Policía Nacional, así como los jubilados y los familiares de los mutualistas.
Además, el presidente de CSIF en Melilla quiso hacer un llamamiento a los interinos que, si bien ahora están todos en la Seguridad Social, prácticamente todos aspiran a convertirse en funcionarios y, por lo tanto, en miembros de Muface.
"Hacemos un llamamiento a todo el mundo, a los interinos y a los jubilados también, para que vengan a la concentración el jueves a las 12.00 horas ante la Delegación del Gobierno", concluyó.
Fracaso garantizado.