El Consejo de Ministros aprobó este lunes la subida del 0,5% pendiente correspondiente al ejercicio anterior de 2024 para el conjunto de empleados públicos. La medida, que llega tras meses de presión sindical, ha sido recibida por el sindicato CSIF con una mezcla de satisfacción y exigencia: reclaman ahora la convocatoria inmediata de la mesa de negociación para pactar las condiciones salariales de este año y avanzar en otras reivindicaciones históricas del sector público.
Desde CSIF, organización mayoritaria en las administraciones públicas, recuerdan que esta subida ha sido fruto de “decenas de manifestaciones en toda España” desde principios de 2025 y de una queja formal presentada el pasado mes de mayo en el Ministerio de Presidencia. El sindicato confirma que el personal habilitado en los distintos ministerios ya ha recibido la orden de abonar los atrasos correspondientes, los cuales esperan que se hagan efectivos en la nómina de julio.
Pese a este avance, CSIF mantiene la presión sobre el Ejecutivo. Exigen la apertura inmediata de la mesa general de negociación para acordar la subida salarial de 2025 y cerrar la nueva oferta de empleo público. Además, el sindicato reclama que esta se lleve a cabo sin tasa de reposición, como medida para fortalecer los servicios públicos y acabar con la precariedad laboral en las administraciones.
En su nota oficial, la central sindical denuncia que la congelación salarial de los últimos años mantiene bloqueados 1.800 millones de euros que corresponden a los empleados del conjunto de las administraciones. Además, CSIF advierte de que la inflación ha erosionado gravemente el poder adquisitivo del personal público: calculan una pérdida del 8% desde el último acuerdo salarial, y de casi un 20% desde los recortes decretados en 2010 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
A juicio del sindicato, no basta con aplicar los atrasos del 0,5%. Reivindican el inicio de un nuevo acuerdo de legislatura que incluya medidas estructurales para dignificar las condiciones laborales de los trabajadores públicos. Entre estas medidas, destacan la implementación de la jornada laboral de 35 horas semanales en toda España, la implantación generalizada del teletrabajo, el desarrollo efectivo de la carrera profesional y la equiparación salarial entre administraciones bajo el principio de “igual trabajo, igual salario”.
También reclaman recuperar la estructura salarial previa a los recortes de hace más de una década, mejorar las condiciones de jubilación tanto del Régimen General como del sistema de Clases Pasivas y adecuar los grupos profesionales para una administración más justa y eficiente.
Este nuevo capítulo en las tensiones entre sindicatos y Gobierno afecta directamente a los más de 9.000 empleados públicos de Melilla, quienes, según informó El Faro de Melilla, se beneficiarán de esta subida del 0,5%. No obstante, los representantes sindicales insisten en que queda mucho camino por recorrer. Aún no se ha definido la subida de este año ni las bases de una oferta de empleo público que permita reforzar plantillas y rejuvenecer la administración.
En este contexto, CSIF lanza una advertencia clara: no aceptarán más demoras ni aplazamientos. “Más allá del anuncio del abono del 0,5 pendiente, es necesario iniciar la negociación para un nuevo acuerdo de legislatura que recupere el poder adquisitivo perdido y modernice las condiciones laborales en la administración pública”, señalan desde la organización.
La central considera que el Ejecutivo ha reaccionado tarde y únicamente como respuesta a la presión social y sindical. Para CSIF, la pelota está ahora en el tejado del Gobierno, que debe demostrar con hechos su compromiso con los más de tres millones de empleados públicos del país.
