CSIF ha manifestado este lunes que si Muface desaparece, la sanidad pública en Melilla colapsa como consecuencia de la incorporación de más de 4.000 personas al sistema. "Su desaparición supondría tensionar aún más, hasta el colapso, la ya maltrecha sanidad melillense", apunta el sindicato mayoritario en el sector público a nivel de todo el país.
Esta organización sale así al paso del contenido del informe que maneja el Ministerio de Sanidad, en el que se asegura que el mantenimiento de Muface es "insostenible" y, en consecuencia, aconseja que la Seguridad Social absorba al millón y medio de mutualistas que existen en la actualmente, mayoritariamente funcionarios docentes.
El sindicato, de hecho, ya se ha dirigido a los ministerios de Función Pública y de Sanidad pidiendo explicaciones por ese informe que cuestiona la continuidad de Muface. En este documento, además, Sanidad propone incorporar a los mutualistas a la asistencia sanitaria de las comunidades autónomas, trasladando la financiación que actualmente se destina a las aseguradoras que participan en el concierto sanitario.
Sin embargo, CSIF se opone frontalmente a esta posibilidad. "No vamos a aceptar bajo ningún concepto una decisión unilateral del Gobierno sobre esta cuestión", señala para exigir a Función Pública "que rectifique al ministerio de Mónica García y presente una nueva licitación para el concierto con las aseguradoras, tal y como se comprometió en la última reunión del Consejo General de Muface, que garantice la calidad de la asistencia sanitaria al colectivo de funcionarios para los próximos años".
Mientras tanto CSIF está valorando con sus estructuras regionales el alcance de las movilizaciones que se llevarán a cabo en el caso de que el Gobierno no ofrezca una respuesta adecuada: manifestaciones, paros o incluso una huelga en la función pública, apunta la organización.
En ese sentido, el sindicato asegura que está recibiendo cientos de llamadas de personas preguntando por esta cuestión. "Además, ya estamos recibiendo casos de mutualistas a los que se les está denegando la atención en clínicas o chequeos médicos, porque las aseguradoras no tienen claro el futuro del concierto", recalca.
"El Gobierno está jugando con la tranquilidad y la salud de un millón y medio de personas, funcionarios y sus familias (personas mayores y menores de edad) que en estos momentos ven con incertidumbre el futuro de su asistencia sanitaria", concluye.
