La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) convoca movilizaciones en toda España en protesta por el "bloqueo en la negociación colectiva" de las condiciones laborales que afectan a los empleados públicos en los diferentes ámbitos. "Esta negociación ha sido inexistente desde que se constituyó el Gobierno hace ya un año", señalan los sindicalistas.
En Melilla, la primera movilización tendrá lugar el próximo lunes, 11 de noviembre, a las 12 de la mañana, frente a la Delegación del Gobierno. Desde CSIF entienden que se deben abordar sin más demoras de aquí a final del año temas como un nuevo acuerdo salarial.
"Los empleados públicos hemos perdido un 5% de poder adquisitivo desde la firma del acuerdo con CCOO y UGT y un 20% desde los recortes de Zapatero en 2010, calculándose, según datos oficiales en 4.721 millones de euros de pérdida en el conjunto del estado español", aseguran.
Otro de los asuntos que deben ponerse sobre la mesa, según el sindicato, es una nueva oferta de empleo público para 2025 sin tasa de reposición. "La administración acumula un déficit de 43.000 plazas entre 2010 y 2020 y en la próxima década el 60% de la plantilla se jubilará. Las arcas del estado reingresan casi 5.000 millones euros correspondientes a los puestos de trabajo que se encuentran vacantes".
Se exige, asimismo la culminación del plan de estabilización, la jornada laboral de 35 horas, la carrera profesional en todas las administraciones y la regulación del teletrabajo. También se busca la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas. "Existe una desigualdad de 8.000 euros anuales de media entre empleados públicos de la Administración General del Estado y los trabajadores de las comunidades autónomas.
Otros asuntos son la mejora de las condiciones de jubilación y garantías de continuidad y una mayor inversión en el mutualismo administrativo.
Según CSIF, en Melilla esta circunstancia es especialmente llamativa puesto que hay más de 10.000 empleados públicos (incluidas fuerzas armadas, Policía Nacional y Guardia Civil) y sus familias, que "están sufriendo en este momento una pérdida de poder adquisitivo y otros derechos debido a esta ausencia de negociación por la inacción del Gobierno con respecto a la función pública".
"Si no consideramos la indemnización por residencia, a la que tenemos derecho por residir en territorio extrapeninsular, los empleados públicos de Melilla cobramos un salario bastante más bajo que otros empleados autonómicos", asegura la organización sindical para recordar que ha denunciado en muchas ocasiones "la falta de personal y la ausencia de cobertura de jubilaciones, bajas o vacantes, especialmente en personal sanitario, sociosanitario y educativo, con el consecuente deterioro del servicio a la ciudadanía".
"Este hecho resulta aún más llamativo si tenemos en cuenta que, según los datos del SEPE, más del 30% de paro registrado en nuestra ciudad pertenece al sector público, sumando en concreto más de 2700 personas", señala.
