CSIF anuncia movilizaciones para exigir la subida salarial de los empleados públicos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado un calendario de movilizaciones en toda España con el objetivo de presionar al Gobierno para que reactive la negociación colectiva y apruebe una subida salarial para los empleados públicos. El sindicato denuncia que, desde la constitución del Ejecutivo en noviembre de 2023, la Mesa de Administraciones Públicas solo se ha reunido una vez, lo que consideran una muestra de abandono hacia los trabajadores del sector público.

El primer acto de protesta tendrá lugar el próximo 19 de marzo frente al Ministerio de Hacienda en Madrid. Tras esta convocatoria inicial, las movilizaciones se extenderán a otras ciudades a través de concentraciones en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

El sindicato insiste en la necesidad de negociar un nuevo acuerdo salarial, dado que el último expiró el pasado 31 de diciembre. Desde su punto de vista, los empleados públicos han experimentado una pérdida del poder adquisitivo cercana al 9% desde 2022, un descenso que se ha visto agravado por la inflación y la falta de ajustes salariales. CSIF también recuerda que, si se retrocede hasta los recortes aprobados en 2010 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la pérdida acumulada supera el 20%. Ante este escenario, exigen que la subida salarial de los empleados públicos sea automática cada año, de la misma manera que sucede con las pensiones o el Salario Mínimo Interprofesional.

Además de la cuestión salarial, el sindicato reclama la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, lo que implicaría el cobro íntegro de la paga extra. También solicitan la eliminación de la tasa de reposición en la oferta de empleo público de 2025, con el fin de aumentar el número de trabajadores en la Administración y garantizar un servicio eficiente.

Otra de las demandas de CSIF es la necesidad de hacer balance del plan de estabilización del personal interino, pues según la normativa vigente, para el 31 de diciembre de este año la interinidad no debería superar el 8% del total de la plantilla. A esto suman su reivindicación de establecer una jornada laboral de 35 horas semanales en todas las administraciones y la implantación definitiva del teletrabajo. También piden avanzar en la equiparación salarial entre los diferentes sectores del sector público, con el objetivo de acabar con las desigualdades salariales que existen actualmente.

En materia de jubilaciones, el sindicato considera urgente una reforma que garantice mejores condiciones para los empleados públicos y permita la posibilidad de acogerse a jubilaciones parciales para funcionarios y estatutarios.

CSIF también ha expresado su preocupación por la falta de Presupuestos Generales del Estado, lo que, según el sindicato, está impidiendo la puesta en marcha de reformas clave para modernizar la Administración y mejorar las condiciones de sus empleados. Afirman que cuestiones como la evaluación del desempeño, la implantación de la carrera profesional y la clasificación profesional están paralizadas debido a la falta de apoyo parlamentario al Ejecutivo. Asimismo, lamentan que todavía no se haya aplicado de manera efectiva la jornada laboral de 35 horas semanales, lo que ha generado malestar en numerosos sectores.

El sindicato advierte que este estancamiento también está afectando a ámbitos esenciales como la Sanidad, la Educación y la Administración General del Estado, donde la falta de recursos y de personal está teniendo consecuencias negativas en la prestación de los servicios públicos.

Problemas en Sanidad y Educación

La situación en el sector sanitario es especialmente preocupante, según CSIF. Denuncian que las plantillas están envejecidas y que en muchas especialidades, como Atención Primaria, hay un déficit de profesionales que provoca la saturación de centros de salud y servicios de urgencias, sobre todo en épocas de alta demanda como el invierno o el verano. Además, aseguran que la falta de voluntad política ha llevado a la paralización de la negociación del Estatuto Marco, un documento fundamental para la organización y regulación del sector sanitario.

En el ámbito educativo, el sindicato subraya que cada inicio de curso escolar se repite el mismo problema: déficit de docentes y alta tasa de interinidad. Para solucionar esta situación, exigen que el Estatuto Docente se apruebe este año y que se incremente la inversión educativa hasta el 7% del PIB, en línea con los estándares de la Unión Europea. También solicitan un pacto educativo que permita estabilizar el sistema y garantizar mejores condiciones laborales para los profesionales del sector.