El sindicato asegura que los trabajadores se sienten “asustados e indefensos” a la hora de cumplir con su labor profesional.
“Indefensos”. Así se sienten los funcionarios de la Ciudad Autónoma después de las últimas imputaciones de empleados públicos en el marco de la ‘Operación Tosca’, la cual deriva de la ‘Ópera’, en las que se investigan posibles irregularidades en los procesos de adjudicación de contratos. La plana mayor de la formación sindical CSIF compareció ayer por la mañana ante los medios de comunicación para expresar el “malestar” que existe entre los funcionarios ante la situación en la que se encuentran algunos de sus compañeros, acusados de haber cometido delitos.
Así, Francisco Gómez Giménez, presidente de CSIF en el área de la Administración Local, apuntó que los empleados imputados, tanto en la ‘Tosca’ como en la ‘Ópera’, se limitaron a realizar su labor. “Si no cumplen, se les abre un expediente disciplinario. Ahora existe el miedo de que si se firman documentos completamente normales pueden ser acusados por la Justicia”, lamentó. “A este paso van a tener que exigir que se les den órdenes por escrito”, aseveró.
Ante esta situación, el sindicato anunció ayer que ofrecerá a sus afiliados cobertura legal gratuita en caso de que sean imputados. En concreto, se trata de un seguro para defensa de responsabilidad penal y constitución de fianzas penales, así como para la concesión de un subsidio económico en caso de que el funcionario en cuestión se vea suspendido de empleo y sueldo de manera temporal, según el documento que entregó Giménez a los medios de comunicación en el día de ayer.
Un “trauma”
En palabras del dirigente sindical, lo ocurrido en el marco de la ‘Operación Tosca’ ha supuesto “un auténtico trauma” para los empleados públicos, que ya no realizan su laboral cotidiana con la “tranquilidad” de antaño por miedo a que se les acuse de haber cometido alguna irregularidad.
En cuanto a la cobertura que ofrece CSIF a sus afiliados, subrayó que se trata de una medida que normalmente se presta a los policías locales, habida cuenta de que desarrollan un trabajo mucho más sensible.
“En cuarenta años en la administración pública jamás había visto algo como lo que está ocurriendo”, lamentó Giménez, quien defendió que los funcionarios son “la base de la pirámide de cualquier Gobierno”. En la misma línea, reclamó a los representantes del mismo que salgan en defensa de los trabajadores.
En opinión del dirigente del CSIF, la “palabrita de marras” (imputado) está “destrozando” a muchos empleados de la Ciudad Autónoma. Como ejemplo puso el caso de Francisco Platero, anterior interventor general, detenido en octubre del 2013 en el marco de la ‘Operación Ópera’ cuando apenas llevaba unos meses en el cargo. Platero fue el último de los arrestados e imputados al que se le levantaron las medidas cautelares, consistentes en la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio español y la obligación de comparecer en los juzgados los días 20 de cada mes. El 15 de julio del año pasado, la Audiencia Provincial notificó que ya no eran necesarias dichas medidas. Hay que recordar que tiempo después, en concreto en septiembre del 2014, Platero decidió abandonar el cargo. El Gobierno local apuntó en aquel entonces que Platero ocupaba el puesto de interventor de manera accidental, por lo que esperaban su marcha. No obstante, también reconocieron que estaba con el ánimo “muy mermado” a causa de su detención.
Por ello, Giménez reclamó en el día de ayer que “no se impute a los trabajadores de la Ciudad por dedicarse a hacer su trabajo”. En su opinión, se trata de un problema al que hay que darle remedio de manera urgente.
