Ciudadanos (Cs) Melilla interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Área de la ciudad para que investigue la adjudicación de todos los servicios cuyo pago reclama Eulen por la vía judicial a través de un total de 15 procedimientos judiciales valorados en más de 860.000 euros. Así lo anunciuó ayer en rueda de prensa el coordinador de la formación, Eduardo De Castro, quien aseguró que “uno de los principales problemas para abonar estas facturas es que no existe contrato alguno”, según se desprende del informe elaborado por el interventor de la Ciudad Autónoma.
“Ya no hablamos de si hubiese procedido el contrato mayor o el contrato menor, según su cuantía o su duración”, dijo De Castro, “hablamos de que, directamente, no se contrataron los servicios”. “O lo que es lo mismo, que en un determinado momento, alguien del Gobierno levantó un teléfono, llamó a Eulen para teóricamente pedirle la prestación de un determinado servicio y la empresa, en un acto de fe absoluta de que cobraría, se hizo cargo del servicio encomendado”, aseguró.
El coordinador de la formación naranja consideró que, posiblemente, la empresa accede a prestar el servicio sin contrato “para garantizarse la adjudicación directa” de estos servicios sin necesidad de competir con otras empresas. “No hay concurso público, ni publicidad ni competencia, lo que significa que el Gobierno, en lo que vulgarmente conocemos como un auténtico chanchullo, pacta con Eulen el precio de los servicios y se los da sin ningún tipo de trámite. Ni si quiera se molestan en firmar un contrato”.
Además del absoluto desprecio a las leyes que rigen los contratos públicos, De Castro consideró que el Gobierno demuestra con estas prácticas que nunca le ha interesado hacer un buen uso del dinero público. “Porque al eliminar por completo la competencia estás renunciando a conseguir el mejor servicio posible y al mejor precio”, dijo, “estás renunciando, por tanto, a mirar por el interés general de los ciudadanos”.
El también portavoz del Grupo Cs en la Asamblea recordó que los informes de la Guardia Civil que forman parte de las operaciones Ópera y Tosca ya señalaban entonces a Eulen como una de las “agencias de colocación” de los familiares y amigos del Gobierno del PP. “Y esta podría ser la prueba de cómo Imbroda y los suyos garantizaban que Eulen fuese quien prestase determinados servicios: saltándose los primeros pasos del proceso de adjudicación”, argumentó De Castro.
‘Modus operandi’
En la denuncia interpuesta ante la Fiscalía, Cs defiende que existe un ‘modus operandi’ instaurado por el Gobierno para pagar las facturas de servicios que no se han contratado. Según la formación naranja, “cuando la empresa reclama el pago, la Ciudad Autónoma dice que no puede ingresar el dinero sin un contrato, pero reconoce que los servicios se prestaron. Puesto que la ley impide que los servicios, aunque adjudicados irregularmente, queden sin pagar por suponer esto un enriquecimiento injusto de la Administración, pues el Gobierno se encoje de hombros, alega fallos administrativos y justifica así el pago de las facturas”.
“Es cierto que una administración del tamaño de la Ciudad Autónoma de Melilla mueve anualmente miles de facturas y, por tanto, es más que comprensible que se produzcan en determinados momentos ‘fallos administrativos’”, expuso De Castro, “pero cuando estos ‘fallos’ se repiten durante años, con los mismos servicios y exclusivamente con determinada empresa, hablamos de otras cuestiones”. Concretamente, el líder naranja puntó la posible comisión de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, fraude y prevaricación.
