Coalición por Melilla (CpM) ha instado este miércoles al Gobierno central y a las comunidades autónomas a alcanzar “de manera urgente” un acuerdo que garantice la protección de los menores migrantes no acompañados, junto con una financiación justa para su acogida, y ha criticado duramente la judicialización del proceso de reparto, a raíz del recurso de inconstitucionalidad presentado por Castilla y León contra el Real Decreto-ley aprobado por el Ejecutivo para regular dicho reparto.
El diputado local de CpM, Emilio Guerra, ha subrayado la “urgente necesidad de un pacto institucional” que evite que esta cuestión humanitaria se convierta en un campo de batalla político. “No podemos permitir ahora la judicialización de la solidaridad”, ha sentenciado, en una nota en la que ha lamentado que el debate se esté desplazando hacia una confrontación legal “que en nada ayuda a los menores y sólo agrava su situación”.
Guerra considera que la situación requiere una “respuesta inmediata” para aliviar la presión que enfrentan territorios como Melilla, Ceuta y Canarias, cuyas capacidades están desbordadas. “La necesidad del reparto, además de un imperativo legal, es una medida para garantizar una acogida digna de los menores y, de esa forma, respetar sus derechos”, ha señalado.
El diputado melillense ha advertido que el recurso interpuesto por el Gobierno de Castilla y León, respaldado por otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, añade “una inseguridad jurídica” que termina por perjudicar directamente a los niños y adolescentes que necesitan protección. “No podemos permitir que una batalla política y partidista retrase soluciones urgentes y necesarias”, ha afirmado.
CpM considera que el discurso político actual está priorizando aspectos económicos y de competencia sobre la protección del menor. “Lamentablemente, comprobamos que el debate político se centra en ‘cuántos niños’, ‘quién paga’ o ‘cuánto me deben’, dejando en un segundo plano las condiciones de acogida, la integración o el bienestar de esos niños”, ha criticado Guerra. Para el diputado, esta actitud deshumaniza la cuestión migratoria, “olvidando lo que debe ser el objetivo central: su protección, como marcan y establecen las leyes”.
En este sentido, Guerra ha lamentado también que el posicionamiento del Partido Popular se haya centrado en rechazar el reparto sin ofrecer alternativas viables. “Aunque las competencias y financiación son cuestiones importantes, la negación rotunda del PP y la judicialización como elemento de respuesta parece más bien una táctica política que, lejos de buscar soluciones, nos lleva a una confrontación”, ha expresado.
Por otro lado, CpM ha condenado los discursos que “criminalizan o estigmatizan” a estos menores, señalando que se trata de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, cuya protección debe ser la prioridad. “Rechazamos esos discursos que hablan de ‘efecto llamada’ o los vinculan a la inseguridad, porque ignoran su condición de víctimas”, ha afirmado Guerra, advirtiendo que estos mensajes trasladan un enfoque “mercantilista” que “causa rubor”.
La reivindicación de CpM se produce apenas unos días después de conocerse que Melilla no será uno de los territorios que acoja a parte de los 3.000 menores migrantes que serán reubicados entre comunidades autónomas, como se aprobó en el último Consejo Territorial de Servicios Sociales. Pese a la situación de saturación denunciada por la ciudad autónoma, y a la presión migratoria que sufre, se ha optado por no incluirla en este reparto, lo que ha generado críticas y preocupación entre diversas formaciones.
“¿Tan difícil es un gran pacto de Estado sobre la migración y la protección de los menores no acompañados?”, se ha preguntado Guerra, apelando a la responsabilidad política para dar una respuesta conjunta y efectiva a una realidad que afecta a miles de niños y adolescentes.
