Coalición por Melilla (CpM) ha fijado su posicionamiento en relación con la situación del centro de menores de La Purísima, defendiendo la necesidad de una gestión pública directa del servicio y el fin de su externalización. La formación apuesta por la municipalización como solución a los problemas que, según denuncia, afectan tanto a la plantilla como a los menores acogidos en estas instalaciones.
En este sentido, CpM considera prioritario actuar de manera inmediata sobre las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores, así como abordar el estado de las instalaciones, que califica de deterioradas. Según expone, estas circunstancias afectan tanto al desempeño de los profesionales como a la calidad de la atención que reciben los menores residentes en el centro.
La formación ha criticado la actitud de la consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, señalando que mantiene una negativa prolongada a reunirse con el Comité de Empresa del centro, pese a las reiteradas solicitudes realizadas durante casi un año. Para CpM, esta situación no constituye un hecho aislado, sino que refleja una falta de implicación en la gestión pública del servicio.
Asimismo, la formación ha recordado la ausencia de la consejera en la última Conferencia Sectorial de Menores, interpretando este hecho como una muestra de que el Ejecutivo local no prioriza las necesidades de la ciudad. En este contexto, CpM sostiene que la falta de soluciones ante el conflicto laboral y asistencial genera un escenario que puede afectar tanto a los trabajadores como a los menores atendidos.
La formación también ha hecho referencia a actuaciones previas, como la solicitud de una comisión urgente de Políticas Sociales en julio de 2025, en la que ya se denunciaba un empeoramiento de las condiciones bajo la gestión de Tragsatec. En aquel momento, CpM criticó que el Gobierno local descartara de manera definitiva la municipalización del servicio, pese a la situación que calificaban de insostenible para la plantilla.
Posteriormente, en diciembre de 2025, el Ejecutivo anunció la futura municipalización de la plantilla durante un acto con trabajadores de la Gota de Leche. CpM ha señalado que valoraría positivamente esta medida en caso de materializarse, aunque ha mostrado cautela, recordando promesas anteriores que no se han cumplido en otros ámbitos.
Para la formación, los argumentos del Gobierno para mantener la externalización no se sostienen ni desde el punto de vista jurídico ni ético. En su opinión, la gestión directa es la única vía para garantizar el cumplimiento del convenio colectivo, la dignidad salarial de los trabajadores y la igualdad de condiciones entre quienes prestan un mismo servicio.
En relación con las condiciones laborales, CpM ha señalado que el Comité de Empresa denuncia un perjuicio económico derivado de la aplicación del IV Convenio Colectivo en lugar del V, cuya implantación está prevista. Esta situación, según indica la formación, supone un trato desigual respecto a otros servicios municipales.
Además, CpM ha enumerado una serie de problemas señalados por el Comité, entre ellos la falta de equipos de trabajo, la reducción del número de vigilantes de seguridad, la presencia de amianto en las instalaciones y el estado de precariedad de las mismas. Según la formación, estos aspectos no se limitan a reivindicaciones laborales, sino que podrían implicar riesgos de responsabilidad patrimonial.
Finalmente, la formación ha criticado el modelo de gestión actual a través de Tragsatec, que considera una solución temporal que se ha prolongado en el tiempo sin resolver los problemas existentes. En este sentido, insiste en que la municipalización del servicio es la única alternativa que permitiría garantizar una prestación adecuada y mejorar la atención a los menores del centro.
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