Coalición por Melilla espera que tras la sentencia del Juzgado de lo Social sobre el problema de los planes de empleo, los trabajadores afectados puedan recibir pronto las indemnizaciones oportunas y solicita que las instituciones afectadas no recurran porque, según el partido, iría "en contra del interés de los muchos melillenses perjudicados que vieron mermados sus derechos”.
Los cepemistas señalan que esta sentencia tiene antecedentes en Ceuta respecto del pago de diferencias salariales. Entonces, el Supremo condenó a la Delegación del Gobierno ceutí a indemnizaciones por discriminación laboral y violación del derecho a la igualdad. Todo ello, con referencia a los trabajadores de los planes de empleo.
"Era evidente, que la situación se trasladaría a Melilla y a las instituciones responsables de los planes de empleo, tanto estatales como locales, y por tanto, supondría un importante desembolso indemnizatorio para las arcas públicas", apuntó el diputado Emilio Guerra.
En ese sentido, recuerda que fue Dunia Almansoui quien alertó de la problemática y propuesto al Gobierno de la Ciudad Autónoma una previsión presupuestaria para hacer frente a las contingencias, que llegarían vía reclamación, por parte de los adjudicatarios de los planes de empleo.
"Dunia Almasouri instó al Gobierno local, en octubre de 2023, a revisar los salarios y las cotizaciones de estos trabajadores, ya que entendía que, ante una situación de vulneración de derechos fundamentales, como era el caso, no era prudente esperar a que recaigan sentencias en Melilla tal y como estaba ocurriendo en Ceuta", explicó.
Sin embargo, no hubo previsión y ahora con la última sentencia "se abren todas las puertas para que nos encontremos con un aluvión de reclamaciones de todas aquellas personas afectadas de los planes de empleo de la ciudad de los últimos años, tanto en vía de compensación de las cuantías adeudadas por las diferencias salariales producidas, como por las indemnizaciones correspondientes por la vulneración individual de su derecho fundamental a la igualdad y no discriminación".
Para CpM, es "muy probable" que todo esto suponga un problema económico para las instituciones que tengan la responsabilidad de hacer frente a las indemnizaciones. Y ello, podría suponer tratar de dilatar en el tiempo los correspondientes pagos.
"Imbroda ha manifestado que acepta el fallo judicial y advierte que la Ciudad solo gestiona el 20% de esos fondos, aunque debo recordar que desde el 2013 a 2019 gestionaron la totalidad; de modo que desde CpM esperamos que sean consecuentes y no se recurra la sentencia por ninguna de las partes, porque lo contrario iría en contra de los intereses de los muchos trabajadores melillenses afectados por tal discriminación".
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