Coalición por Melilla va a denunciar al Gobierno de Bélgica si se produce la extradición de Ali Aarras a Marruecos, porque "supondría una indefensión para un ciudadano con nacionalidad belga como es el caso de este melillense".
La formación que lidera Mustafa Aberchán consideraría "ilegal" la entrega de Aarras al tratarse de un ciudadano comunitario con derecho a ser juzgado en el seno de la Unión Europea (UE), en este caso en España por ser el lugar donde ha sido detenido, y además "después de haber cumplido con sus obligaciones constitucionales" con el Estado belga.
Según informó hoy a Europa Press el líder del principal partido de la oposición en la Asamblea, Mustafa Aberchán, "los cepemistas no entenderían en ningún caso que Bélgica aceptara la extradición de Alí Aarras al reino alauí siendo uno de sus ciudadanos que, entre otras obligaciones constitucionales, ha cumplido con el servicio militar en dicho reino".
CPM, por ello, recurrirá a la Justicia para demandar a este país "si no pone de su parte para rechazar la petición de Marruecos de que uno de sus nacionales, el melillense Aarras, sea finalmente deportado al país vecino".
Así, el partido localista ya se ha puesto en contacto con el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, "para ponerle al día de estas acciones legales y solicitarle su intermediación, para que contacte con eurodiputados belgas, con el fin de recabar su compromiso" indicó Aberchán.
Ali Aarras junto con otro melillense, Mohamed el Bay, de nacionalidad española, fueron detenidos en Melilla el 1 de abril de 2008 después de que las autoridades marroquíes emitieran el 28 de marzo de 2008 sendas órdenes internacionales de detención por cargos relacionados con terrorismo. A ambos se les imputa la pertenencia a una red terrorista encabezada por el ciudadano belga-marroquí Abdelkader Belliraj.
Desde esa fecha están encarcelados, habiendo pasado por distintas prisiones españolas, hasta que la Justicia dictamine si se permite o no la extradición de ambos una vez que el Consejo de Ministros y la Audiencia Nacional dieron el visto a bueno a ello.
