Si hay algo sobre lo que no existe ninguna duda es que en la Guardia Civil, como en cualquier organización con una estructura militar, las órdenes siempre vienen de arriba.
El problema radica cuando un juez trata de esclarecer responsabilidades en una acción concreta que puede tener consecuencias penales. Ahí es más difícil establecer la identidad del culpable. Ocurrió hace unas semanas, cuando el juez llamó a declarar al delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, y al coronel Ambrosio Martín Villaseñor, jefe supremo de la Guardia Civil en Melilla. El primero se presentó en el juzgado y respondió como mejor supo a las cuestiones que se le plantearon. El segundo se excusó alegando que el día en el que ocurrieron los hechos que se investigan no se encontraba en la ciudad. En consecuencia, siguiendo la argumentación de Martín Villaseñor, habría que bajar un escalón y dirigir las preguntas a quien en ese momento se encontrara al frente de la Comandancia.
A raíz de los últimos acontecimientos en la valla fronteriza y, sobre todo, después de los hechos que se sucedieron el pasado jueves en las proximidades del paso de Barrio Chino, la AUGC asegura que los agentes de la Benemérita no tienen ninguna responsabilidad. En su opinión, está claro que los guardias civiles actuaron siguiendo unas órdenes que les fueron trasmitidas por la cadena de mando y que venían directamente desde el Ministerio. Si eso es así y los agentes consiguen demostrarlo en el caso de ser imputados por algún motivo, aún haría falta convencer al juez de que no llevaron a cabo su intervención siendo conscientes de que ésta podía contravenir la Ley de Extranjería. La jurisprudencia es clara en este aspecto: Aunque un superior dé una orden, si el cumplimento de la misma supone la vulneración de alguna ley o norma legal, quien cumple dicha orden no está eximido de responsabilidad. A lo sumo, la cadena de mando quizá sirva para demostrar que el agente no es el único responsable, pero no es suficiente para garantizar su inocencia.
Por todo ello, sigue siendo necesario el protocolo de actuación que reclama desde hace tiempo la AUGC y que serviría a los agentes para saber cómo actuar, y más ahora, cuando las últimas intervenciones de este tipo (sobre las que existen dudas legales) se llevan a cabo sin tapujos.
La AUGC explica hoy en El Faro que “ni los políticos se ponen de acuerdo sobre qué hacer” ante situaciones como las del pasado jueves en Barrio Chino. Sin embargo, se olvida de recordar que, por contra, hasta ahora ningún juez, fiscal o abogado (a título personal y mucho menos en representación de su colectivo) ha salido en defensa de la legalidad en estas controvertidas ‘devoluciones en caliente’, entregas de inmigrantes a Marruecos o “rechazos en frontera”, como prefiere denominarlas el secretario de Estado de Seguridad.
