El juez del ‘voto por correo’ detecta también irregularidades en el cupo genérico. La investigación del caso del ‘voto por correo’ también analizó la contratación genérica en los Planes de Empleo en 2008 y 2009, es decir, el cupo de aquellos puestos de trabajo que no pertenecen a los grupos de exclusión social.
En este caso, el juez dice observar indicios de irregularidad desde varias perspectivas. Pero llama la atención sobre casos concretos de personas contratadas con la demanda de empleo caducada y de otras que ni siquiera estaban dadas de alta en el INEM.
En el auto que da por finalizada la investigación, se recogen diferentes puntos de irregularidad. Tal es el caso de la falta de publicidad de los perfiles laborales que el INEM oferta. De este modo se da la situación de que si un demandante de empleo no conoce qué tipo de puestos de trabajo se ofertan en un plan de empleo, no podrá inscribirse en ese grupo y por tanto no podrá optar a un trabajo.
El juez afirma que las ofertas de los Planes de Empleo de la Delegación “carecen” de los detalles de los perfiles laborales que se ofertan así como de los requisitos para cada puesto de trabajo, como la titulación necesaria o la experiencia laboral mínima exigida.
El instructor asegura que estas circunstancias ponen en evidencia “una falta de transparencia e imparcialidad en los procesos de selección” de los tres planes de empleo que gestionó la Delegación del Gobierno, bajo responsabilidad entonces de Gregorio Escobar, hoy secretario general del PSOE en Melilla.
Por otra parte, el juez observa otra irregularidad en los requisitos de algunos perfiles profesionales. En aquéllos que se requiere una titulación académica, ésta no se ha exigido. Además, en otras categorías profesionales que no requieren una alta cualificación, los beneficiarios estaban sobrecualificados.
En los tres planes de empleo, únicamente 589 personas aportaron su titulación académica para trabajar en un puesto cualificado, aunque era necesaria esta documentación en el millar de trabajadores contratados en esta modalidad, destaca el auto de la investigación. La comprobación de las titulaciones, considera el juez instructor, debió hacerlas la directora entonces de la UPD, la socialista Ana Mansilla.
Además, el juez afirma que estas anomalías discriminan a demandantes de empleo que tenían prioridad por ley, es decir, los parados de larga duración. El juez dice haber encontrado casos en los que beneficiarios de un plan de empleo tenían seis meses o incluso sólo diez días de antigüedad como demandantes. A ellos hay que sumar aquellos trabajadores que ni siquiera figuraban en las listas del INEM (37) o cuya demanda de empleo había caducado (109).
El auto también recoge 281 casos de trabajadores de un plan de empleo sobre los que no existe documentación alguna de su contratación. Igualmente llama la atención del juez instructor la contratación de trabajadores que no solamente participaron en dos planes de empleo consecutivos (24 personas), sino que incluso también participaron en el tercer plan de empleo (11 personas).
