El consejero de Seguridad Ciudadana, Isidoro González, afirmó que “la prostitución en Melilla se solapa con un problema de Extranjería”. Destacó que es complejo tratar este asunto y abordar una solución que satisfaga a los vecinos, a los que comprende que estén cansados de ver esta ‘actividad’ frente a sus casas.
González aseveró que el Grupo de Seguridad de la Policía Local tiene indicaciones de pasar por las calles del Real y solicitar la documentación a quienes vean ejerciendo o solicitando prostitución con el objetivo de disuadir. Además, desde hace dos meses se patrulla la zona los fines de semana por las noches con más insistencia.
También comentó que cuando se reciben las llamadas de los vecinos por una pelea o ruido, se acude lo más rápido posible.
Sin embargo, el consejero de Seguridad Ciudadana no cree que sea viable el traslado de la prostitución de este barrio a otra zona de la ciudad. Indicó que no es una actividad legal.
Incomodar al cliente
González afirmó que el reglamento de convivencia no se puede aplicar en muchas ocasiones porque “un porcentaje importante de clientes es marroquí” y no sirve de nada ponerle una multa porque no se cobra.
Por ello, indicó que se centran todos los esfuerzos en que la Policía esté por la zona e identifique a las personas que están alrededor de la prostitución para que sea “incómodo” para los clientes acercarse a la zona y solicitar esos servicios de las mujeres.
Además, el consejero de Seguridad Ciudadana explicó que no se puede aplicar la devolución de las mujeres o de los clientes en todos los casos porque hay un acuerdo con Marruecos para que personas de zonas limítrofes puedan estar en la ciudad.
Es una falta leve ‘consumir’ prostitución
El reglamento para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano de la ciudad, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 12 de mayo de 2015, indica en su artículo 36 en el punto 5 que se prohíben las prácticas sexuales y el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la vía pública, cuando éstas afecten a la convivencia ciudadana, es decir, cuando se lleven a cabo en espacios situados a menos de 200 metros de los colegios, parques, zonas residenciales u otro lugar donde haya actividades comerciales o empresariales. Además, se destaca en el artículo 42, donde se definen las sanciones, que las actividades descritas en la ‘sección primera’, donde se recoge el tema de la prostitución, se consideran falta leve y se sancionarán hasta con 750 euros.
Cae una red de explotación sexual
En diciembre de 2017 la Guardia Civil registraba unos pisos en la calle Castelar y en febrero de este año se informó de la detención de cuatro personas por obligar a prostituirse a mujeres marroquíes: ‘operación Heteras’. La organización captaba a mujeres, algunas menores, con escasos recursos económicos y con pocas opciones de acceder a puestos de trabajo. Una vez introducidas en Melilla mediante engaño, las obligaban a ejercer la prostitución. En los pisos se vendía droga, alcohol y tabaco.
