Al final, aunque era algo que parecía bastante evidente, se ha confirmado que los médicos tenían razón en sus quejas. Según una fuente tan fiable como el Instituto Nacional de Estadística, Melilla no sólo era en 2023 la autonomía española con menor número de médicos por cada mil habitantes, sino, lo que resulta casi todavía más preocupante, fue el único sitio donde descendió el número de facultativos el año pasado.
Son dos datos lo suficientemente significativos y relevantes como para que las quejas que los médicos vienen expresando hace tanto tiempo sean por fin, y de una vez por todas, escuchadas. Hasta ahora, ha dado igual todo. De nada ha servido el decreto de difícil cobertura. Ni siquiera han valido las concentraciones que, durante casi un año y con distinta periodicidad, fue realizando el colectivo tanto en el Hospital Comarcal como, en ocasiones, en la Atención Primaria. Estas concentraciones pararon en enero para dar una oportunidad al Ministerio de Sanidad, comandado por Mónica García, meses después de las elecciones generales, lo que demostró la buena voluntad que tiene el colectivo de que las aguas no se salgan de su cauce. Sin embargo, las negociaciones no han avanzado desde entonces y todo indica que, también en 2024, Melilla seguirá a la cola en este ámbito. Es por ello por lo que ya están planteándose reemprender las movilizaciones.
Pero, si los médicos están enfadados, no menos lo están los ciudadanos, quienes también sufren la escasez de facultativos con largas esperas hasta poder ser vistos por el especialista y, más adelante, para poder ser operados.
El disgusto de todos, por tanto, parece justificado por mucho que la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, asegure –la última vez a principios de mes- que ahora hay más médicos y se les dota de más estabilidad a los profesionales sanitarios que cuando mandaba el PP en España.
Resulta extraño que, siendo Melilla y Ceuta las únicas competencias del Ministerio de Sanidad, que supuestamente, además, debe de disponer de más dinero que las Comunidades Autónomas, sean precisamente los dos territorios que controla el Ingesa los que tienen una menor tasa de médicos en todo el país.
Pese a todo, cuando la Ciudad Autónoma pidió la encomienda de gestión de la sanidad, recibió la negativa por respuesta. Ofrecía incluso pagar 600 euros al mes, durante dos o tres años, a los médicos que quisieran venir a la ciudad. Por el momento, se está a la espera de negociar este incentivo con el Colegio de Médicos, lo que, sin lugar a dudas, sería un enorme acicate para la atracción de facultativos a Melilla.
