Apunta que las opiniones de los juristas son “muy respetables, aunque sólo son una opinión”.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma considera “absurdas” algunas de las conclusiones del informe ‘Expulsiones en caliente: Cuando el Estado actúa al margen de la Ley’, en el que un grupo de expertos juristas de las más prestigiosas universidades del país tacha de “ilegal” la devolución a Marruecos de inmigrantes subsaharianos que acaban de saltar el vallado fronterizo. El portavoz del Ejecutivo local, Daniel Conesa, apuntó en la jornada de ayer que dicho documento “es muy respetable, aunque sólo es una opinión”.
En este sentido, subrayó que no había leído el texto por completo, sino únicamente algunos fragmentos del mismo publicados en los medios de comunicación. “Hubo algunas partes que me llamaron mucho la atención, como que si se toca la valla ya se está en España. Podemos llegar a situaciones un tanto absurdas. Parece un juego: La toco y si me subo a la mitad ya estoy dentro de España”, apuntilló el portavoz.
Opiniones distintas
Además, abundó en la idea de que el informe está únicamente basado en la opiniones de juristas. “Seguramente podremos encontrar a otros profesionales del derecho que defiendan justo lo contrario, de la misma forma que un juez, aplicando una misma ley, dicta sentencias de signo contrario a como lo hace otro magistrado. En el derecho y la interpretación de las normas el ‘dos más dos igual a cuatro’ no existe siempre”, añadió Conesa.
En su opinión, tanto el Ministerio del Interior como los agentes de la Guardia Civil que operan en la valla fronteriza “están actuando de manera correcta” y se están adoptando medidas “para evitar problemas”. No obstante, señaló que la cuestión de la presión migratoria tiene “difícil solución” a corto plazo.
Conclusiones del informe
Hay que recordar que, en resumidas cuentas, el citado informe concluye que las expulsiones en caliente vulneran la Ley de Extranjería “ya que ésta no contempla la posibilidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado expulsen a ciudadanos extranjeros que están bajo su custodia mediante vías de hecho”.
De igual modo, el estudio apunta que no existe la posibilidad de proceder a una modificación legislativa para dar cobertura legal a estas devoluciones de inmigrantes tal y como se están ejecutando actualmente, toda vez que vulneran la Constitución española, la normativa de la Unión Europea (UE) y el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente el referido al derecho de asilo y protección jurídica internacional, la prohibición de expulsiones colectivas y el principio de no devolución.
Además, en el informe se afirma que los guardias civiles que han llevado a cabo las ‘devoluciones en caliente’ podrían incurrir en responsabilidad pena. Entre los delitos por los que podrían ser juzgados están los de coacciones, privación de asistencia letrada, privación de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes o de prevaricación
