La Ciudad Autónoma piensa que si una empresa se ciñe a los requisitos mínimos la calidad del servicio se verá mermada.
Al Gobierno de la Ciudad Autónoma mostró ayer su disconformidad con el pliego de condiciones publicado por el Estado para adjudicar el nuevo contrato de Navegación Marítima. Y es que, como recordó el vocal del Ejecutivo melillense, Daniel Conesa, en rueda de prensa, lo deseable hubiera sido que el texto estuviera consensuado entre ambas administraciones, algo que finalmente no ha ocurrido.
Tal y como hizo el presidente Imbroda, en días pasados, Conesa reseñó que la Ciudad Autónoma había solicitado a la Dirección General de la Marina Mercante que les remitieran el borrador del contrato para opinar al respecto y realizar sugerencias si fueran precisas. No obstante, el pliego fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sin que el Gobierno local pudiera acceder a él de manera previa.
“Es un hecho que nos ha sorprendido”, aseguró el portavoz del Ejecutivo local. “La reunión que mantuvimos hace unos meses con Marina Mercante, y en la que expresamos nuestro deseo de participar en la redacción del contrato, no pareció altamente positiva, pero al final no ha servido para nada”. De igual modo, lamentó que el Estado no constituyera una comisión de estudio bilateral para abordar el tema, tal y como ha realizado en Ceuta.
Además, desde el Ejecutivo local criticaron otros aspectos del pliego de condiciones, como la manera en la que ha sido publicado; por la vía urgente y sin publicidad a nivel europeo, unas características que “limitan mucho sus posibilidades”.
Ahondando en esta cuestión, Conesa explicó ante los medios de comunicación locales que muchos de los requisitos en el texto son peores que los del actual, tales como el número de plazas ofertadas o la antigüedad de los buques, que ahora podrán tener un máximo de veinte años. Por otro lado, ciertos aspectos, como la duración del trayecto, se han mantenido igual.
Por tanto, el portavoz remarcó que si una empresa se ciñe a los aspectos mínimos contenidos en el contrato y consigue la adjudicación, la calidad del servicio que preste se verá mermada en relación al actual.
Por otro lado, y a preguntas de los periodistas, negó tajantemente que las críticas de la Ciudad Autónoma vaya dirigidas a la posibilidad de que los pliegos hayan sido redactados para favorecer a una determinada empresa.
La Autoridad Portuaria recuerda que no decide el precio del billete.
Ante las declaraciones realizadas el pasado jueves por la directora general de la Marina Mercante, Isabel Durántez, la Autoridad Portuaria de Melilla aclaró ayer que no tiene potestad en la subida del precio del billete ya que las tasas se aplican conforme establece la nueva Ley de Puertos (Ley 33/2010, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general), aprobada en el Parlamento español, con independencia del coste de amortización de las infraestructuras.
La Autoridad Portuaria de Melilla, recordó que sí tiene potestad sobre las bonificaciones que se aplican al pasaje por condición de alejamiento, así como que ha propuesto bonificaciones de entre un 35 y 45 por ciento, “en ejercicio de responsabilidad”, lo que significa dejar de ingresar unos dos millones de euros anuales.
