-
Junto a ella también hay penas para otros doce acusados del ‘caso Abogados’. La sentencia apunta que la ex consejera conocía la ilicitud del hecho delictivo, no colaboró en el proceso y presisistió en la ilegalidad
La ex consejera de Bienestar Social y actual portavoz y diputada del Grupo Popular en la Asamblea, María Antonia Garbín, ha sido condenada a 10 años de inhabilitación especial para el ejercicio de este cargo público al ser considerada como autora de un delito continuado de prevaricación administrativa, dentro del ‘caso Abogados’. Junto a ella, el Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla también condena a otros doce acusados como “cooperadores necesarios o cómplices de un delito continuado de prevaricación administrativa” a penas de entre nueve y cuatro años de inhabilitación.
El resto de condenados son ocho funcionarios de la Consejería de Bienestar Social, que desempeñaban altos cargos como directores generales o secretarios técnicos, así como los cuatro abogados que fueron contratados por este departamento a través de un procedimiento declarado irregular por el juez.
En la sentencia se afirma que Garbín mantuvo un sistema de contratos menores de forma ininterrumpida y a pesar del informe remitido por el Tribunal de Cuentas. “El sistema estaba diseñado para dotarlo de apariencia de legalidad”, asevera.
“Nula colaboración”
“Teniendo en cuenta su máxima comprensión de la ilicitud del hecho delictivo, su nula colaboración procesal, el mal causado y su persistencia en la ilegalidad” se le impone la pena de diez años de inhabilitación
En el juicio, que comenzó el 12 de junio en el Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla, la Fiscalía y la acusación popular acusaron a los procesados de formalizar 91 contratos menores, de entre cuatro y seis meses, para que los abogados trabajaran para la Consejería sin necesidad de tener que convocar públicamente sus plazas.
El fallo apunta en los hechos probados que con la actuación conjunta de todos los acusados, incluidos los letrados “que fueron conscientes de lo contrario a Derecho del proceso de contratación”, “se eludió el procedimiento administrativo que debió seguirse según la normativa administrativa vigente y en fraude de ley se acudió al procedimiento excepcional de la contratación menor contraviniendo la prohibición legal de fraccionamiento, pero procurando dar al mismo apariencia de legalidad con diversos trámites e informes, algunos de los cuales ni tan siquiera eran preceptivos, que engordaron unos expedientes para los que la ley prevé una tramitación sencilla”.
Sistema “arbitrario”
Apunta, asimismo, que este sistema de contratación “arbitrario” permitió designar de manera directa y “caprichosa” a los letrados en perjuicio del resto de profesionales del ramo y esquivar la fiscalización previa de manera que el fraccionamiento contractual pasara inadvertido al interventor, lo que, según se indica en el documento, no hubiera sido posible de haberse seguido el procedimiento administrativo legalmente previsto para estos supuestos.
Prevaleciéndose de su cargo
En el caso de María Antonia Garbín, también en los hechos probados, se indica que entre 2003 y 2013 suscribió un total de 91 contratos de consultoría y asistencia en materia de asesoramiento jurídico, con un gasto de 1,114 millones de euros. “Prevaleciéndose de su cargo público y en el ejercicio de sus funciones como titular de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, no suscribió con cada letrado contratos distintos y nuevos, sino el mismo contrato que, en fraude de ley, se fraccionaba en varios contratos para su acomodación a los límites de la contratación menor, contraviniendo deliberadamente la prohibición de fraccionamiento”, continúa.
Respaldo y connivencia
Asimismo, se indica que Garbín, a sabiendas de su “injusticia”, eludió las modalidades de adjudicación legalmente previstas y que para este proceso contó “con el respaldo y la connivencia” de los directores generales y los técnicos de la Consejería, que colaboraron realizando informes de necesidad. Asegura, también, que los contratos respondían a un “patrón diseñado y aceptado por todos los acusados”.
Desestiman que la inhabilitación de la popular se extienda también a su condición de diputada
El Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla desestima la petición de la acusación popular de que la ex consejera de Bienestar Social y diputada y portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, María Antonia Garbín, fuera inhabilitada también de su condición de diputada. Según se cita en la sentencia, la acusación para esta solicitud alegó el auto número 302 de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, en el que se analiza el caso del ex presidente de la Ciudad Ignacio Velázquez, que fue inhabilitado como alcalde y también como concejal. Sin embargo, el juzgado encargado del ‘caso Abogados’ ve una diferencia clara entre ambas situaciones. Apunta que en el caso de Garbín, para ser miembro de la Asamblea como diputada no es necesario haber sido previamente consejera, igualmente que un consejero puede no tener un escaño. Algo que no sucede con el presidente-alcalde, ya que es necesario ser elegido previamente entre los concejales o diputados, es decir no se puede ser presidente sin ser diputado ni viceversa. Analizado esto, el tribunal decide desestimar la petición de la acusación. Garbín ya dijo ayer en declaraciones a El Faro que no tenía intención de dimitir de su cargo como diputada.
Los otros condenados
Técnicos
Secretarios técnicos y directores generales de la Consejería de Bienestar Social también han sido condenados. Un total de ocho funcionarios de la Consejería de Bienestar Social han sido condenados a penas de entre nueve y cinco años de inhabilitación como “cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación administrativa”. El secretario técnico y director general de Servicios Sociales J.A.C. es el que tiene la pena mayor, de nueve años. Hay otras cuatro directoras generales (una de Sanidad y Consumo, dos de Menor y Familia y otra de Servicios Sociales) condenadas a coho años y tres meses. Asimismo, dos secretarias técnicas con una pena de cinco años y tres meses como “cómplices”.
Abogados
Los cuatro letrados que se beneficiaron del sistema de contratación. El juzgado también los considera coopardores necesarios de un delito continuado de prevaricación administrativa. Todos ellos son condenados a una pena de 4 años de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de asesor jurídico en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad, así como la incapacidad para obtener análogos empleos o cargos públicos durante el tiempo de la condena.
