La Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha condenado este jueves a dos antiguas responsables políticas por ordenar la devolución de 55 menores migrantes a Marruecos en agosto de 2021 sin ajustarse a la legalidad vigente. Se trata de Salvadora Mateos, exdelegada del Gobierno en la ciudad autónoma, y Mabel Deu, exvicepresidenta del Gobierno local, quienes han sido halladas culpables de un delito de prevaricación administrativa.
La sentencia impone a ambas una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público en cualquier administración, así como para el ejercicio de funciones de gobierno. También se las inhabilita durante el mismo periodo para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Además, el tribunal ha ordenado que abonen las costas del juicio a partes iguales y pierdan el honor asociado a los cargos que ocupaban.
Los hechos juzgados se produjeron en el contexto de la entrada masiva de más de 15.000 personas a Ceuta los días 17 y 18 de mayo de 2021, por el espigón del Tarajal. Alrededor de 1.200 de ellas fueron registradas como menores no acompañados. En agosto de ese mismo año, 55 de esos menores fueron repatriados a Marruecos sin haber seguido el procedimiento individualizado que exige la Ley de Extranjería y los convenios internacionales suscritos por España.
Según los magistrados de la Sección VI, las acusadas actuaron "de común acuerdo" y "conscientemente al margen de la legalidad", al ejecutar las repatriaciones sin observar las garantías necesarias. Entre ellas, se encontraba la ausencia de una resolución administrativa individual, así como la falta de intervención del Ministerio Fiscal y de los servicios de protección de menores.
Durante el juicio, celebrado en junio, tanto Mateos como Deu justificaron su actuación alegando que contaban con el conocimiento y el beneplácito del Ministerio del Interior, y que se basaron en el acuerdo bilateral firmado en 2007 entre España y Marruecos. Sin embargo, el tribunal recuerda que ese acuerdo no puede sustituir la aplicación de la normativa nacional y de los tratados internacionales, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño.
La sentencia se enmarca en una serie de resoluciones judiciales que han cuestionado la legalidad de aquellas devoluciones. En enero de 2024, el Tribunal Supremo confirmó que la repatriación de los menores fue ilegal, al no respetarse los procedimientos exigidos por la legislación de extranjería ni el principio del interés superior del menor, lo que refuerza la postura de las organizaciones sociales que impulsaron el proceso judicial.
Estas asociaciones, entre ellas la Red Española de Inmigración y la asociación L'Escola, han celebrado el fallo como un hito en la defensa de los derechos de la infancia migrante, al subrayar que los menores no pueden ser tratados como adultos ni devueltos colectivamente sin las debidas garantías.
Tras conocerse la sentencia, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, expresó públicamente su respaldo a Mabel Deu, quien durante años fue una de sus principales colaboradoras. “Sigo creyendo en su inocencia. Ha sido una persona leal, trabajadora y entregada al interés general”, afirmó Vivas en declaraciones recogidas por El Faro de Ceuta. El dirigente añadió que lamenta profundamente el desenlace judicial y recordó la complejidad del momento vivido en 2021, durante una de las crisis migratorias más graves en la historia reciente de Ceuta.
Actualmente, Mabel Deu ha retomado su labor como docente en un instituto tras su salida de la política, mientras que Salvadora Mateos se encuentra jubilada desde su destitución en octubre de 2022.
Mi apoyo a estas servidoras del país.
Cualquiera habría hecho lo mismo que vosotras.
Se os ha olvidado decir que son Peperas.