Actuaciones tan cotidianas como la administración de vacunas o la realización de curas en los centros de salud ya no se llevan a cabo de la manera en que era habitual hasta el pasado año.
En el caso de las vacunas, por ejemplo, el usuario acudía directamente al profesional enfermero, que era el encargado de prescribir y administrar la dosis correspondiente. En el caso de las curas, la primera visita a la enfermería era decretada por el médico; pero si una persona necesitaba ser atendida durante un periodo prolongado de tiempo, ya no era necesario acudir de nuevo al médico antes de cada sesión para que éste derivase al paciente a enfermería.
Esta situación ha cambiado. Tras la entrada en vigor el pasado 24 de diciembre del Real Decreto denominado de prescripción enfermera, es imprescindible que el médico, “a través de receta o dejando constancia escrita en la historia clínica del paciente, determine qué fármaco sujeto a prescripción es el que se debe aplicar, tanto inicialmente como en el seguimiento posterior”, según indica el Sindicato de Enfermería Satse.
El Real Decreto exige ahora que los profesionales de Enfermería estén acreditados por el Ministerio de Sanidad para poder usar todo tipo de fármacos, tanto los sujetos a prescripción médica como los no sujetos, así como los productos sanitarios. Como se indica desde Satse, ningún enfermero dispone de esta acreditación.“Inviable”
Para el responsable de Satse en Melilla, Carlos García, esta situación es “inviable”. “Así no se puede trabajar. Hasta ahora no ha habido ningún problema en la asistencia sanitaria porque los profesionales mimamos al paciente, pero puede haberlo en cualquier momento”, explicó ayer García en declaraciones a El Faro.
El responsable sindical ponía el ejemplo del caso de las curas referido más arriba. “Ahora no vale una prescripción genérica. Cada cura necesita una distinta. La herida puede haberse infectado y necesitar una dosis de medicamento diferente, y los enfermeros ya no pueden prescribirlo”.
Esto conlleva, según García, una “sobrecarga asistencial”.“Traición”
El presidente del Colegio de Enfermería de Melilla, Julio Céspedes explicó a El Faro que la entrada en vigor del citado Real Decreto ha supuesto “una traición” del Gobierno del PP a la profesión.
Relató que, tras largas negociaciones para redactar un documento que regulase la actividad enfermera, el 23 de octubre de 2015 “presentaron un texto totalmente distinto a lo pactado”.
Además, fue publicado dos meses después, en Navidades. Este Real Decreto, recordó Céspedes, tiene el rechazo de la oposición y de 12 comunidades autónomas, e incluso está recurrido al Tribunal Supremo.
“No sé qué pretenden. Han creado el conflicto y ahora no podemos hacer nada. Tenemos las manos cogidas porque podríamos caer en intrusismo profesional”, explicó. Es más, según apuntó, el Colegio de Médicos de Madrid les acusa de causar un perjuicio, “cuando lo que hacemos es seguir estrictamente la ley”.
