-
La fiscal acusa a Aberchán y Dionisio Muñoz de ser los principales ideólogos del entramado
Hoy se sientan en el banquillo de los acusados la treintena de dirigentes y exdirigentes del PSOE y Coalición por Melilla (CpM) que figuran como investigados por el caso ‘Voto por correo’. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla, señaló para esta mañana la primera sesión en que prestarán declaración los procesados por su supuesta relación con una trama de compra de votos en las elecciones generales de 2008.
Principales acusados
Según la acusación de la Fiscalía, el presidente de CpM, Mustafa Aberchán, y el ex secretario general del PSOE, Dionisio Muñoz, fueron los principales ideólogos de un “entramado orientado a la captación ilegal del voto”. En su escrito, el ministerio público expone que ambos hicieron un llamamiento masivo al voto por correo “bajo la promesa de la obtención de un puesto de trabajo en los planes públicos de empleo”.
La fiscal también considera que fue decisiva la participación del entonces delegado del Gobierno, Gregorio Escobar. “Era la persona que canalizaría todo el proceso para la contratación en los planes de empleo”, sostiene en su acusación. Según recalca, Escobar actuó “en todo momento en connivencia de los dos principales acusados”.
Tanto Aberchán como Muñoz están acusados por delitos continuados electorales, falsedad, prevaricación y asociación ilícita. La Fiscalía reclama las mismas penas para ambos procesados: 21 años de prisión, 31 de inhabilitación especial para el empleo público y multas que superan la cantidad de 576.000 euros.
Por otro lado, la fiscal acusa a Escobar de cometer delitos de prevaricación y asociación ilícita, por los que le reclama 20 años de inhabilitación para ejercer un cargo público, tres años de cárcel y una multa de 14.000 euros.
Se retira la malversación
Aunque el Ministerio Fiscal también imputó a los tres principales investigados delitos continuados de malversación, estos han sido retirados del procedimiento tras el auto emitido el pasado 31 de julio por los magistrados de la Audiencia Provincial.
En este documento judicial, en el que se venían a resolver las cuestiones previas planteadas en las primeras sesiones del macrojuicio, los jueces explican que la malversación no tienen cabida en este caso, dado que el juez instructor ya había dictado el sobreseimiento libre respecto a este delito en un auto anterior.
Anulación de pruebas
Los magistrados de la Audiencia Provincial, además, dieron la razón a los letrados de la defensa que solicitaron la anulación de las escuchas telefónicas que se llevaron a cabo durante la fase de instrucción.
También se han anulado las declaraciones incriminatorias que prestó uno de los principales testigos del caso. Esto es así porque, aunque en un principio no estaba acusado, más adelante pasó a ser investigado. En consecuencia, los jueces decidieron hacer caso a las peticiones de los abogados, que reclamaron en la fase de las cuestiones previas la invalidez de la declaración prestada como testigo. Al parecer de los juristas, no hubiera sido la misma que si hubiera testificado en calidad de procesado.
Delitos electorales
Los jueces de este caso tomaron la decisión de dividir el macrojuicio en dos bloques. Esta mañana darán comienzo las sesiones orales en las que se tratará de dilucidar si los investigados cometieron delitos continuados electorales. En un segundo bloque se analizarán los presuntos delitos de prevaricación.
Cabe recordar que la instrucción del caso ‘Voto por correo’ se ha prolongado durante nueve años debido a la complejidad del procedimiento. Como apuntó el presidente de la Audiencia Provincial en la entrevista que publicó El Faro en la edición del día 2 de este mes, hay fechas señaladas para esta causa hasta julio de 2018.
