EL asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León y del PP en esa provincia, ha caído como un “jarro de agua fría”.
Así describieron sus sensaciones al conocer el suceso el líder de los populares en Melilla, Juan José Imbroda, y su compañero de partido y presidente del Senado, Pío García Escudero. Ambos se disponían a participar en una serie de actos organizados en nuestra ciudad con motivo de la campaña electoral de las Europeas, cuando se conoció el asesinato de Isabel Carrasco. El PP suspendió inmediatamente todos los eventos que había programado y el resto de partidos se sumó en señal de respeto hacia la fallecida. A las condolencias hacia la familia de la víctima expresadas por los populares se añadieron inmediatamente las de las demás formaciones políticas.
Nuevamente una campaña electoral quedaba empañada por una muerte. Sin embargo, en esta ocasión, a diferencia de los crímenes cometidos por los asesinos de ETA, no hay trasfondo político ni intento de chantaje al Estado y a los ciudadanos. En esta ocasión, el asesinato, igual de despreciable, viene motivado por una supuesta venganza por motivos laborales. Los investigadores de la Policía y el juez determinarán si ésa ha sido la causa.
A raíz de este crimen ha vuelto a quedar claro el rechazo de todos los partidos políticos democráticos a cualquier manifestación de violencia. Y al mismo tiempo ha servido para poner en evidencia la catadura moral de algunos individuos que viven entre nosotros. Estos sujetos aprovecharon ayer las posibilidades que ofrecen las redes sociales para la difusión de mensajes, ideas, opiniones... para mostrar su malsana alegría por este crimen dando rienda suelta a una incomprensible y enfermiza sed de venganza o revancha.
Al igual que la Policía ha conseguido detener con rapidez a las supuestas autoras del crimen y un juez determinará su culpabilidad para luego imponerles la condena correspondiente, los agentes no deberían descuidar esos comentarios ofensivos para la víctima y su familia expresados en las redes sociales. Como ocurría con los asesinos de ETA, los culpables no sólo eran quienes apretaban el gatillo. La complicidad en el crimen se extendía tanto a quienes animaban a cometerlo como a quienes luego lo justificaban con el despiadado ‘algo habrá hecho’ referido a la víctima.
Con ETA tardamos demasiado tiempo en darnos cuenta de que no sólo mataban los ‘pistoleros’. Hoy sabemos que son igual de asesinos quienes torturan a los familiares y amigos del fallecido con comentarios que alientan, justifican o quitan importancia al crimen. No faltan motivos para llevarlos ante un juez.
