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Se solicitó el pasado año la Administración central, pero esta petición no ha sido aprobada
Miembros de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla (Icame) se reunieron ayer con el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, para pedir apoyos en su solicitud a la Administración central con el fin de tener presencia en el Servicio de Orientación Jurídica del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
Leopoldo Bueno, uno de los miembros de la Junta de Gobierno del Icame, explicó que se busca hacer un seguimiento exhaustivo de todos los migrantes que entran a la ciudad. “Queremos saber quiénes son los que solicitan asilo y quiénes no. Nos encargamos de todas las cuestiones relacionadas con la protección internacional en frontera”, señaló. Según Bueno, son diversas ONG las que actualmente prestan parte del servicio jurídico en el CETI, pero considera que los profesionales del Icame podrían ofrecer una atención “más integral”.
Lamentó que los abogados y las abogadas que integran los turnos de oficio de extranjería tienen, en algunas ocasiones, muchas dificultades para seguir el rastro a los migrantes que llegan a nuestra ciudad. “Se ha detectado en algunos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la península a menores cuando no deberían estar ahí”, dijo.
Bueno señaló que si pueden realizar un seguimiento completo es gracias a sus compañeros de otras ciudades españolas que sí tienen presencia en los CIE. El letrado cree que, aunque el centro de Melilla no sea un CIE, la presencia del Colegio de Abogados en sus instalaciones permitiría una mejor gestión de cada caso.
Además, considera que se puede evitar que “colectivos sensibles” como víctimas de trata o personas LGTB que son especialmente vulnerables puedan acabar en un centro en el que no deben estar.
Rechazado
El decano del Icame, Blas Jesús Imbroda, explicó ayer en declaraciones a El Faro que fue a finales del año pasado cuando solicitaron a la Administración Central la creación de un servicio jurídico del Icame en el CETI. Una petición que ha sido rechazada. “No entendemos por qué no se ha autorizado”, manifestó. Aseguró que esta decisión ha provocado cierto malestar entre los profesionales y que por ello seguirán insistiendo en la importancia de este servicio. Según el decano, la Administración local tratará de interceder a favor del Colegio de Abogados
