Después de la modificación presupuestaria de unas 60 partidas, la Ciudad ha conseguido disponer de 8,9 millones de euros para ayudas sociales. Así lo informó la consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, quien detalló que estas se desglosarán en seis partidas.
Desde la Ciudad trabajan en una modificación de partidas amplia para destinar los recursos al plan de ayudas sociales y para familias. La consejera detalló que los 8,9 millones de euros se distribuirán en seis renglones.
Para ello, se creará la partida Fondo Atención Necesidades Sociales crisis COVID-19 por 1,5 millones de euros; también la partida Prevención e Inserción social COVID-19 por 500.000 euros y harán una transferencia a Emvismesa “para soportar el coste en la moratoria en las hipotecas y las bonificaciones en los alquileres” por 1,3 millones de euros.
Almansouri indicó que adicionalmente se creará una partida, indistinta de las existentes, para ayudas a arrendamientos COVID-19 por un millón de euros; así como otra de Prevención e Inserción Social área Menor y Familia COVID-19 por un millón de euros y una última para el área del Menor y Familia por 3,5 millones de euros.
Este dinero, proviene de modificaciones presupuestarias hechas por las distintas consejerías pero el mayor peso recae en Infraestructuras, Urbanismo y Deportes; Medio Ambiente y Sostenibilidad y del área de Presidencia y Administraciones Públicas. La titular de Hacienda en la Ciudad aclaró que todas estas nuevas partidas son adicionales a las existentes en las distintas áreas. “Cuando decimos subvención urgente a arrendamientos COVID, es una partida que se suma a las ya existentes para las ayudas al alquiler”, dijo la consejera, así como la de atención necesidades sociales.
Estas modificaciones presupuestarias serán llevadas a comisión entre finales de esta semana y principios de la próxima para ser aprobados.
Pago de facturas
Por otra parte, la consejera informó de que para dar liquidez a las empresas de la ciudad preparan un plan de pago para liquidar las facturas atrasadas y pendientes desde el 2017. Estiman entre finales de esta semana e inicios de la próxima culminar la liquidación del presupuesto del año 2019, para con los remanentes ejecutar el procedimiento extraordinario a fin de pagar a los proveedores.
Las facturas por pagar ascendían a 14 millones de euros aunque en los últimos meses ya han sido liquidadas varias de ellas. Detalló que en el último trimestre pagaron 25 millones de euros correspondientes a facturas de finales de 2019 y de 2020, así como alguna atrasada del Gobierno anterior. En cuanto a las facturas remitidas al Consejo de Estado y pendiente de pronunciamiento el monto llega a cerca de 5 millones de euros.
La consejera espera tener este procedimiento listo a finales de verano y que los empresarios puedan cobrar el dinero en septiembre. El procedimiento no es sencillo y deberán enviar información a las distintas consejerías para completar los expedientes, “porque la mayoría han tenido algún tipo de reparo por parte de la Intervención”. Estos pagos deberán pasar antes por Comisión y por Pleno.
Asimismo, Almansouri afirmó que muchas de las facturas pendientes tuvieron que derivarlas al Consejo de Estado por posibles responsabilidades patrimoniales o procedimientos anómalos. De los que han sido devueltos, algunos se remitieron a la Fiscalía por recomendación de la institución, que señalaba que “en algunos de estos contratos se infringió gravemente el ordenamiento jurídico” e indica que “la actuación administrativa de estos contratos resulta inaceptable desde el punto de vista del ordenamiento jurídico”, leyó la consejera.
En este sentido, aseveró que desde el Gobierno local serán contundentes como lo hizo el Consejo de Estado y actuarán en consecuencia, depurando las responsabilidades “de quienes con su mal proceder han mal gestionado el dinero público y tomaremos todas las medidas necesarias para que estas prácticas en la Administración de Melilla dejen de ocurrir”.
Indicó además, que trabajan para reforzar la intervención de la Ciudad como máximo órgano de fiscalización para evitar los retrasos en los pagos.
