Los incendios, también, en la política. Cada verano, especialmente cuando sucede el último tercio de la canícula y como terrible rutina, el fuego marca el devenir. Vuelve el terror de la pérdida de bosques, campos y cultivos, viviendas, vidas también, lo peor; regresa la inefable melodía de la desesperanza ante algo doloroso y cruel que, pese a la fuerza de los elementos como las altas temperaturas, la alteración del clima o la mente enferma de pirómanos o los descuidos letales, tiene su razonable (y trabajable) prevención.
Pero retornan también las llamas del enfrentamiento político en forma de reproche a la dejación de responsabilidades, falta de empatía e incluso culpabilidad manifiesta y otorgada. Eso sí, bien estructurado todo bajo los argumentos y estrategia del partido para no dar ni el más mínimo respiro al adversario, llamas a las qué no hay que renunciar como arma ideológica y de marca partidaria. Se reivindica colaboración y esfuerzo, realmente existe pero poco se reconoce públicamente por quienes “portavocean” la gestión del desastre, parece ser que no es “políticamente correcto” ni práctico para las siglas de la formación que intenta poner este “debe” y con mayúsculas en el gobierno del Estado.
Se solicitan más medios, las llamas arrasan y siegan la vida, pero, como si fuera recurrente e inconsciente, retoma ese debate que recuerda la cuestión competencial. Las Comunidades Autónomas tienen entre sus competencias, tienen un largo entramado de responsabilidades en la lucha contra incendios forestales, en su prevención y en coordinación con los recursos estatales, pero la titularidad es suya, de los entes autonómicos, no solo para comandar, valorar y protagonizar mediáticamente, sino para, sobre todo, desarrollar y paliar antes y cuando cuando ruja el fuego.
Se quieren, incluso se ansían, Autonomías fuertes y dotadas de dinero y otros recursos, como signo de fuerza y poder que siempre están en el punto de mira de la política de partido y sus próceres. Siempre, claro, desde el consabido convencimiento que la acumulación de territorios es un puente hacia la gestión del mando del mapa que les acoge, la nación. Otra cosa es cómo evolucionan las competencias estatutarias y que camino cogen. Ejemplos paradigmáticos como la educación o la sanidad derivan en algunas zonas hacia el florecimiento de la privada en detrimento de la pública, injusto.
Mientras, en la época que nos atañe, cuerpos de seguridad, voluntarios y afectados, se afanan, en muchos casos al límite, para que las consecuencias de la candela desaforada y brutal no vayan a más y cunda la desesperanza. Desde el ahínco, pero también la impotencia ante una fuerza tan voraz, claman por ayuda y se lamentan por la falta de perseverancia en el tratamiento y anticipación posibles de este tipo de catástrofes que, una vez llegue el otoño, suelen dejar de interesar a los distintos gestores de las administraciones en su derecho y deber competencial. Esto parece ser parte de un triste realidad. Ojalá no se chamusque en demasía la sensatez y el compromiso, la realidad aprieta y mucho. Menos reproches y más empatía y autoexigencia.
