La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han presentado sus análisis sobre la evolución del asilo en España durante 2025, en los que coinciden en señalar un descenso de las solicitudes y de las llegadas, pero alertan de que este retroceso no responde a una menor necesidad de protección internacional. Ambas organizaciones subrayan que los datos reflejan un sistema cada vez más restrictivo, con importantes carencias en la protección efectiva de las personas refugiadas.
Tanto CEAR como ACNUR sitúan en 144.396 el número de solicitudes de protección internacional presentadas en España en 2025, lo que supone un descenso del 14 por ciento respecto al año anterior. Para ambas entidades, esta caída rompe la tendencia de crecimiento sostenido de ejercicios previos, pero no puede interpretarse de forma aislada, ya que se produce en un contexto internacional marcado por el aumento de conflictos armados, la persecución política y la inestabilidad prolongada en distintas regiones del mundo.
ACNUR recuerda que, a nivel global, el número de personas desplazadas forzosamente continúa creciendo, por lo que la reducción de solicitudes en España apunta más a obstáculos de acceso y a cambios normativos que a una disminución real de las necesidades de protección.
Resoluciones de asilo
CEAR destaca que en 2025 se alcanzó un máximo histórico de resoluciones de solicitudes de asilo, con 160.663 expedientes resueltos, la cifra más alta desde la creación de la Oficina de Asilo y Refugio en 1992. Sin embargo, la organización advierte de que este incremento responde en gran medida a procesos de automatización aplicados a determinadas nacionalidades (Venezuela, Colombia, Perú, Senegal, Mali o Burkina Faso), que no siempre garantizan un examen individualizado y en profundidad de cada caso.
Desde esta perspectiva, CEAR sostiene que el aumento de resoluciones no implica necesariamente una mejora del sistema de asilo, ya que una tramitación más rápida puede derivar en decisiones estandarizadas que no tienen en cuenta las circunstancias personales de quienes solicitan protección. ACNUR coincide en que la eficiencia administrativa no puede sustituir a las garantías del procedimiento, especialmente cuando están en juego derechos fundamentales.
El informe Más que cifras 2025 de CEAR subraya que solo el 11 por ciento de las solicitudes de asilo resueltas en España obtuvieron una respuesta favorable, una tasa que desciende más de siete puntos respecto al año anterior y que mantiene a España entre los países con menor reconocimiento del derecho de asilo en la Unión Europea.
ACNUR, por su parte, aporta un cómputo más amplio de la protección concedida, que incluye estatuto de refugiado, protección subsidiaria y autorizaciones por razones humanitarias. La agencia señala que en 2025 se concedió algún tipo de protección internacional a más de 75.000 personas, aunque matiza que una parte muy significativa corresponde a protecciones humanitarias, una figura que, según CEAR, no siempre ofrece la estabilidad jurídica ni los derechos asociados al asilo o a la protección subsidiaria.
Perfiles de solicitantes
Ambas organizaciones coinciden en que el perfil de las personas solicitantes refleja la persistencia de crisis prolongadas y conflictos abiertos. CEAR destaca el aumento de solicitudes procedentes de Venezuela y Mali, debido a, en gran parte, la política migratoria de EEUU y la conflictividad en el país africano, respectivamente. ACNUR señala estas cifras en un contexto de deterioro político, violencia e inseguridad en América Latina y el Sahel.
El informe de CEAR señala además la incorporación de nuevas nacionalidades entre las principales solicitantes, como personas palestinas, somalíes o guineanas, en relación directa con el agravamiento de los conflictos armados, el colapso institucional y la vulneración sistemática de derechos humanos en estos territorios.
Variables que influyen
Uno de los elementos más críticos del análisis de CEAR es la aplicación del nuevo Reglamento de Extranjería, en vigor desde mayo de 2025. La organización considera que este cambio normativo ha tenido un claro efecto disuasorio sobre la presentación de solicitudes de asilo, al no computarse el tiempo de estancia en España hasta la resolución del expediente cuando la solicitud es denegada, lo que ha contribuido a un descenso notable de peticiones, especialmente de personas procedentes de países como Colombia, Perú o Senegal.
En este contexto, CEAR alude también a la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno a finales de enero como una posible vía para paliar la situación de irregularidad en la que han quedado miles de personas tras la denegación de sus solicitudes de asilo. La organización señala que esta medida puede suponer una oportunidad para aquellas personas que, pese a no haber obtenido protección internacional, llevan tiempo residiendo en España y, en algunos casos, podrían haber necesitado una evaluación más exhaustiva de su situación dentro del sistema de asilo.
ACNUR añade que la coexistencia de vías alternativas de regularización y el endurecimiento de los requisitos puede estar desviando a potenciales solicitantes de asilo fuera del sistema de protección internacional, sin que ello implique una menor necesidad de amparo.
CEAR vincula el descenso del 62 por ciento de las llegadas a Canarias a las políticas de externalización de fronteras y a los acuerdos de cooperación migratoria con terceros países como Mauritania, Senegal o Marruecos. Según la organización, estas medidas no eliminan la migración, sino que desplazan los flujos hacia rutas más largas y arriesgadas.
Por su parte, ACNUR coincide en este diagnóstico y advierte de que en 2025 se ha consolidado el aumento de llegadas por la ruta de Baleares, con un incremento superior al 24 por ciento. Ambas entidades subrayan que estos desplazamientos implican tránsitos más prolongados, mayor exposición a redes de explotación y un incremento de los riesgos para la vida de las personas migrantes y refugiadas.
Vulnerabilidad persistente
ACNUR insiste en que la reducción de llegadas y solicitudes no debe interpretarse como una mejora de la situación de las personas refugiadas, ya que muchas continúan enfrentándose a violencia, abusos y condiciones extremas tanto en los países de origen como durante el tránsito y en el país de destino.
CEAR comparte esta preocupación y alerta del riesgo de devoluciones o denegaciones sin un análisis suficiente, lo que podría dejar en situación de irregularidad y desprotección a personas con necesidades reales de protección internacional.
Ambas organizaciones enmarcan la situación española dentro de un contexto internacional marcado por la persistencia de conflictos armados, la persecución política y el deterioro de las condiciones de vida en regiones como Oriente Próximo, África Occidental y América Latina. Desde CEAR y ACNUR se subraya que las políticas de contención y control migratorio no abordan las causas profundas del desplazamiento forzoso.
En este sentido, coinciden en señalar que el reto sigue siendo reforzar sistemas de asilo accesibles, garantistas y eficaces, capaces de ofrecer una protección real y duradera a quienes se ven obligados a huir de sus países.
