Este organismo comparte y celebra las recomendaciones realizadas por el Comité para la Prevención de la Tortura.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) solicitó ayer al Gobierno que ponga “fin” a las devoluciones “ilegales” que se producen en las fronteras de Melilla y Ceuta, para lo cual pide que “no se ignore” el informe del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa. En un comunicado, la CEAR recordó que dicho comité ha publicado el informe sobre su visita a España en julio del 2014 en que se recogen recomendaciones dirigidas a las autoridades españolas para poner fin a la “violencia” en la frontera sur y a las devoluciones ilegales a Marruecos.
En la visita del Comité a España, CEAR fue consultada por la delegación ante la situación que se vive en la frontera y le transmitió la “preocupación ante la violencia ejercida por las autoridades españolas en el control de fronteras” y las devoluciones “sumarias e ilegales” a Marruecos, que “ponen en grave riesgo el derecho de asilo y la intención del Gobierno de dar cobertura legal a estas prácticas”.
Derechos humanos
“La respuesta a la situación existente en la Frontera Sur de España y de Europa debe partir de un pleno compromiso por el respeto de los derechos humanos de todas aquellas personas que se ven obligadas a abandonar sus países. No podemos ser cómplices de la violación de los derechos en nuestras fronteras”, señaló Estrella Galán, secretaria general de la CEAR.
El Comité para la Prevención de la Tortura instó en su informe a las autoridades españolas a poner fin a la práctica sistemática de las devoluciones “en caliente” recordándoles que deben cumplir lo establecido en el Convenio Europeo de Derechos humanos y de la Convención de Ginebra de 1951.
“Desde el CEAR celebramos las recomendaciones hechas a España por parte del Comité para la prevención de la Tortura puesto que supone un apoyo fundamental al trabajo en defensa del derecho de asilo y de los derechos humanos que realizamos las organizaciones defensoras de los derechos humanos”, indicó Galán.
La CEAR espera que las autoridades españolas “no ignoren estas peticiones y cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y asilo.
