La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) reclama suprimir las restricciones a la libertad de circulación de los solicitantes de asilo de Melilla y Ceuta y acabar con los “criterios discrecionales y discriminatorios” para realizar traslados a la península. Así lo señala en un informe publicado ayer, en el que también pide que se garantice el cese de las devoluciones “ilegales” de personas que llegan a las fronteras españolas.
Estos son algunos de los “desafíos pendientes” que CEAR incluye en el ‘Informe 2018: Las personas refugiadas en España y Europa’. En el documento se recoge que el servicio jurídico de CEAR inició procedimientos contencioso-administrativas y tramitó quejas ante el Defensor del Pueblo ante la “imposibilidad” de desplazarse a territorio peninsular de las personas solicitantes de protección internacional en Melilla y Ceuta
“De manera arbitraria”
Para CEAR, en 2017 se continuó “limitando de manera arbitraria” el derecho a la libertad de circulación a las personas solicitantes de protección internacional de nacionalidad argelina y marroquí, a quienes se impidió el traslado a la península hasta que su expediente fuera resuelto, algo que suele tardar entre uno y dos años.
El informe también señala que 2017 “será recordado como un año récord en llegadas por vía marítima a España”. CEAR alerta sobre la ausencia de un plan de acción coordinado para ofrecer la atención adecuada a las personas que llegan a nuestras costas.
El año pasado, España fue el tercer país de la Unión Europea con un mayor número de llegadas de migrantes y refugiados por mar (22.414) aunque muy lejos de Italia (con 119.369). En cambio, las entradas en Melilla se redujeron de las 10.980 de 2016 a las 6.246 de 2017.
En el informe se estima que el incremento de las llegadas por vía marítima obedece a la inestabilidad en los principales países de origen y tránsito, como Costa de Marfil, Guinea Conakry, Gambia, Argelia y Marruecos, y al desmantelamiento de los campamentos donde se asentaban esas personas en Marruecos y Argelia.
Además, consideran que las revueltas en el Rif también están detrás de ese aumento por los activistas que huyeron a España y porque los efectivos de la Gendarmería marroquí destinados a controlar las fronteras se redujeron puesto que los enviaron a reprimir las revueltas. Una de las principales rutas fue la de Nador-Almería. El uso de pateras “de juguete” o el incremento del número de personas por embarcación “añaden peligrosidad a la travesía”.
“Merecedores de asilo son expulsados de forma ilegal”
El último informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) propone retirar la Disposición Adicional Décima de la Ley de Extranjería porque “pone en grave riesgo el derecho de asilo al no contemplar el procedimiento y las garantías debidas” para evitar que se produzca “el rechazo en frontera”. Para la institución, al amparo de esta norma, “muchas personas merecedoras de protección internacional siguen siendo expulsadas de manera ilegal a Marruecos, donde su vida corre peligro, sin tener acceso al procedimiento de asilo”.
CEAR recuerda la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del pasado octubre en la que consideró que las ‘devoluciones en caliente’ son “ilegales”.
“La situación no es tan positiva en las oficinas en los pasos fronterizos como dice la Comisión Europea”
Respecto a la creación de oficinas en los pasos fronterizos de Melilla y Ceuta, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) concluye en el informe que hizo público ayer que “la situación no es tan positiva como la describe la Comisión Europea”, que habla de un aumento del número de solicitantes de protección internacional y la diversificación de sus países de origen. Desde CEAR resaltan que en el puesto de Beni Enzar, el 90% de las solicitudes procedieron de personas de Siria, mientras que los subsaharianos solo podían solicitar protección si lograban entrar a Melilla “por lugares no habilitados”. En la oficina del Tarajal, en Ceuta, no se registró ni una sola solicitud.
Por lo tanto, CEAR reclama a la Comisión Europea que siga investigando el cumplimiento por parte de las autoridades españolas de la normativa sobre protección en Melilla y Ceuta.
El número de solicitantes de protección internacional se incrementó levemente en Melilla, donde se contabilizaron 2.897: la mayoría (2.593, a través del procedimiento de frontera y el resto (304) en el territorio nacional.
CEAR denuncia que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla (CETI) “volvió a sobrepasar sus posibilidades de ocupación” y las “largas esperas, incluso superiores a un año, hasta la asignación de plaza. Cree que no son espacios de acogida adecuados para muchos de los solicitantes de protección internacional. En diciembre, alcanzó las 1.415 personas, aunque la ocupación media fue de 984 para una capacidad de 480 plazas. El número de menores se elevó a 1.442.
