Afirman que Interior se “salta a la torera” la jurisprudencia porque sigue habiendo ‘devoluciones en caliente’ en la valla
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunció ayer que el Ministerio del Interior se “salta a la torera” la jurisprudencia en materia de derechos humanos con “total impunidad”, pues se siguen produciendo ‘devoluciones en caliente’ de los inmigrantes irregulares.
La portavoz de CEAR, Paloma Favieres, criticó estas irregularidades en la presentación del informe ‘Acceso a la protección: un derecho humano’, un proyecto europeo financiado por el Programa Europeo para la Integración y Migración (EPIM) que pretende mejorar el respeto de los derechos humanos por parte de la UE.
CEAR considera que la ley española es “bastante garantista”, pero no se respeta: “Con que se cumplieran sus previsiones tendríamos bastante ganado”, matizó la abogada Elena Muñoz.
Muñoz criticó que las autoridades españolas recurran a los acuerdos bilaterales de readmisión que mantienen con países como Marruecos para justificar estas devoluciones. Sin embargo, la abogada señaló que “no se pueden escudar en ellos cuando está en juego la vida o la integridad física de las personas” o es posible que éstas sean sometidas a tratos inhumanos en el país al que son devueltas.
Por su parte, la portavoz de CEAR reiteró que las ‘devoluciones en caliente’ son “ilegales”. Además, criticó que Interior limite la entrada de solicitantes de asilo a ciudadanos sirios o permita expulsiones colectivas donde las personas ni siquiera son identificadas.
Según Muñoz, cada vez es más difícil llegar a territorios europeos por la “maraña legal” de los Estados miembros, que muchas veces no respetan principios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como el de no devolver a una persona sin analizar si el país de destino garantiza que no sufrirá tortura o trato degradante.La jurista reiteró que los acuerdos de readmisión no establecen garantías claras.
Muñoz insistió en la importancia, antes de que haya una devolución, de valorar las circunstancias personales de cada inmigrante, pues puede ser menor de edad o víctima de trata, entre otros.
Asimismo, desde CEAR critican que la asistencia legal con intérprete en un idioma comprensible para cada persona en proceso de devolución o readmisión es un derecho que no siempre se respeta.
Situación de Melilla y Ceuta
En el informe se hace referencia a la situación concreta que se vive en nuestra ciudad y en Ceuta. En el caso de Melilla, analizan las ‘devoluciones en caliente’. En este punto se refiere a denuncias de organizaciones como Médicos sin Fronteras, que advierten de que en Marruecos la Gendarmería propina palizas a los inmigrantes una vez que son expulsados. “Las autoridades españolas priorizan la lucha contra la inmigración irregular frente al cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos”, indican. Señalan que no se cumple el principio de no devolución de una persona a un país en el que pueda ser sometida a torturas o tratos degradantes.
Desde la Comisión recomiendan la suspensión de los retornos forzados de personas procedentes de países en conflicto o con crisis humanitarias, la inclusión de claúsulas de protección en los acuerdos de readmisión y la puesta en marcha de una directiva relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas.
Además, también critican, como se ha hecho ya desde otras entidades, el hecho de no se permita a los solicitantes de asilo moverse libremente por el territorio nacional, algo que a juicio de CEAR, supone una violación constante de la Ley española.
