CCOO y UGT consideran insuficientes los 110 millones de euros destinados al servicio postal

CCOO y UGT piden al Gobierno central "que deje de mirar para otro lado" ante la situación por la que atraviesa Correos  y consideran que los 110 millones de euros presupuestados para este año 2022 son "insuficientes" para resolver la crisis del servicio postal.

Un comunicado recuerda que esa asignación es 50% menor que la que pedían cuando los partidos de la coalición estaban en la oposición, y con ellas se "agrava la pésima situación económica de Correos, actualmente insertado en un proceso claro de desmantelamiento/desguace, por la caótica gestión del actual presidente de Correos y por la falta de financiación del servicio postal público del país por parte del Gobierno".

Ambas centrales sindicales piden al Ejecutivo de Sánchez incluir "a Correos en la agenda social de recuperación y mejora de los servicios públicos esenciales como el postal impulsando el crecimiento sostenible del operador y manteniendo como un eje fundamental en su actividad la misión de servicio público".

Califican de "hachazo al Correo Público en la LPGE-2022 los 460 millones de euros menos en 3 años que se les concederá" y advierten que mientras se recorta el servicio público postal, el presupuesto del Ministerio de Transportes aumenta un 16% más que en 2021.

Incumplimiento con trabajadores de Correos

Precisan CCOO y UGT que el "Gobierno de coalición (PSOE/UP) ha vuelto a incumplir el compromiso adquirido con los trabajadores/as de Correos cuando estaba en la oposición y defendía la necesidad de garantizar la financiación (220 millones) para el Servicio Postal Unificado (SPU)".

Puntualizan que tres años después de su llegada al Gobierno del país, el recorte acumulado en el mismo "es de 460 millones de euros, a los que se suman casi 500 millones de pérdidas en la cuenta de resultados de la compañía".

Lo asignado al SPU fue hecho a pesar de que el presupuesto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha crecido un 16% respecto del año anterior.

Esta cantidad es totalmente insuficiente y muy alejada (50% menos) de los 220 millones que, por acuerdo entre el entonces Ministerio de Fomento y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, enviaron a Bruselas como financiación necesaria para el SPU en 2018 y que el actual Gobierno de coalición defendía cuando era oposición.

Precisan que los ajustes de un supuesto y fantasmal Plan Estratégico pactado por el presidente de esa empresa pública, Juan Manuel Serrano, con el 24% de la representación sindical en Correos en contra del 76% de representación están generando "un enorme descontento y desconfianza entre los trabajadores/as, que ha devenido provocando en inevitables movilizaciones de protesta en forma de huelgas y paros, así como en un ambiente de permanente conflictividad laboral en la empresa pública más grande del país".

CCOO y UGT consideran que ese deterioro en la prestación del SPU es tan evidente que en la mayoría de las Diputaciones provinciales del país, muchas de ellas lideradas por el principal partido del Gobierno, se han aprobado, a propuesta de ambas centrales sindicales iniciativas (mociones y resoluciones) en apoyo del servicio postal público. Entre estas cita a Barcelona, Sevilla, Málaga, Valladolid, Coruña, Palencia, Salamanca, Ourense, Cuenca, Soria, Toledo, Cádiz, Alicante, Almería, Lleida, Castellón, Tarragona, Jaén, Albacete, Granada, Córdoba y los cabildos de Las Palmas y Tenerife entre otras.

Piden al gobierno que "de una vez por todas, apueste por un modelo postal público, potenciando el SPU en todo el territorio nacional, modernizando sus misiones de servicio público a la vez que se aumentan la eficiencia y competitividad (aspectos que no son incompatibles en un modelo de gestión razonable y adecuado a los objetivos referidos que en absoluto responden al Plan oculto que está desarrollando el Señor Serrano)".

Reiteran que siguen "considerando que la evolución en sus capacidades, las adaptaciones (que ya venían adoptándose antes de la llegada del actual equipo) y la mejora de la eficiencia en Correos, no pueden ser sinónimo (ni la excusa) para desmantelar y desguazar un Servicio Postal que puede y debe encarar los desafíos desde un pacto social con sentido de estado entre todas las partes implicadas".