Sus secretarios de Organización reconocen la dificultad que había para conseguir el apoyo de los funcionarios porque “hasta ahora no han empezado a ver las orejas al lobo”.
Mientras los sindicatos principales de la ciudad, CCOO y UGT, calientan motores para preparar la huelga general del próximo 14 de noviembre, los secretarios de Organización de ambas formaciones, Miguel Domínguez y Concha López Carrillo, dijeron ayer confiar en poder movilizar a la “clase acomodada” de Melilla, en alusión a los empleados públicos, para que la huelga general sea un éxito en la ciudad. Ambos representantes sindicales reconocieron que la participación de Melilla en estas movilizaciones no es muy alta con respecto a otras ciudades. Ello, justificaron, es debido a que la mayor parte de los empleados de la ciudad pertenecen al sector público, al que la crisis ha llegado más tarde. “Ahora es cuando los funcionarios han empezado a ver las orejas al lobo con la reducción de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad”, aseveró López Carrillo.
Por ello, confían en que la participación en esta huelga general sea mayor que la registrada en Melilla el pasado día 20 de junio. Ambos responsables sindicales defendieron el 14–N, pues, además de ser una convocatoria que cumple con todos los requisitos legales establecidos, según apuntó la dirigente ugetista, los sindicatos deben seguir “canalizando el descontento de la ciudadanía a través de los cauces establecidos”. Los motivos de esta nueva huelga general son similares a los que motivaron el 20–J y a pesar de que entonces no consiguieron un cambio en las políticas del Gobierno central, UGT y CCOO defienden esta movilización pues “puede frenar decisiones peores que se puedan tomar”. Además, consideraron que los melillenses deben salir a la calle a protestar por la situación que se está viviendo: “El paro aumenta cada vez más y las oportunidades de empleo en la ciudad son nulas”, aseveró Domínguez.
Por ello, ambos consideraron que esta huelga general viene respaldada “por las circunstancias” y porque “la gente no está de acuerdo con las medidas que se están tomando”, apostilló López Carrillo.
Bajo el lema ‘Nos dejan sin futuro. Hay culpables. Hay soluciones’, los sindicatos mayoritarios de la ciudad hacen un llamamiento a los melillenses a secundar la huelga general y a asistir a la manifestación que tendrá lugar ese mismo día, a partir de las 17:00 horas. El punto de partida será la plaza Primero de Mayo y finalizará en la Plaza de España, pasando por la Avenida Juan Carlos I Rey.
Campaña de firmas pro Referéndum
La Comisión pro Referéndum de Melilla se presentó ayer en sociedad como punto de partida para la campaña de recogida de firmas que llevarán a cabo las próximas dos semanas por toda la ciudad. El objetivo de esta iniciativa no es otra que hacerle llegar, junto con las firmas que se recogan en todo el territorio nacional, una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que expresan el malestar ciudadano ante las medidas que su Ejecutivo ha venido tomando desde que asumieran el poder. En la misma, solicitan una convocatoria de referéndum para que la ciudadanía española manifieste su aprobación o no a esas medidas que, “no estaban contempladas en el programa electoral que presentaron a los españoles”, aseguró la portavoz de la Cumbre Social de Melilla, la ugetista Rita Sánchez.
“Convocar un referéndum sería un acto de acercamiento y honestidad por parte del Gobierno de Mariano Rajoy”, apostilló Sánchez, quien estuvo acompañada por representantes de CCOO, el Consejo Estudiantil, JSME y SATE–STEs, todos ellos miembros de esta plataforma.
Bajo el lema ‘Exigimos un referéndum porque no se puede concurrir a las elecciones con un programa y gobernar con otro’, los integrantes de la Cumbre Social hicieron un llamamiento a todos los melillenses para que apoyen esta petición y plasmen su firma. Además, los ciudadanos tendrán la oportunidad de participar también a través de Internet en la página web creada a tal efecto: www.exigimosunreferendum.org.
Así, la Cumbre Social quiere hacer valer el artículo 92.1 de la Constitución Española que recoge el derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones políticas de especial trascendencia.
